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En la sesión N.67 de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Hugo Jácome expuso que el sector económico popular y solidario estuvo abandonado por muchos años y que actualmente cuenta con políticas claras para el manejo del mismo, por lo cual ha iniciando un proceso de supervisión y auditoría del sistema cooperativo.
Jácome recalcó que la salud financiera del sistema cooperativo es estable, resaltando que es un sector que ha ido creciendo y fortaleciéndose a lo largo de los últimos años.
En el Ecuador existen cerca del 56% de cooperativas de servicios, donde el mayor número constituyen cooperativas de transporte; el 27% de cooperativas son de ahorro y crédito; el 7% de vivienda; el 9% de producción, y un 0,3% cooperativas de consumo; es así que en términos de socios existen cerca de 5 millones de personas vinculadas a las cooperativas. Por lo cual, teniendo como base la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) y su reglamento se ha intensificado el control de las mismas. Actualmente la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria posee intendencias zonales en Cuenca, Guayaquil, Portoviejo y Ambato para cubrir exhaustivamente las necesidades de las cooperativas ubicadas en estas poblaciones.
Respecto a la liquidación y disolución de Coopera señaló que en marzo del presente año se inició un proceso de auditoría donde participaron once auditores, quienes revisaron el manejo del Gobierno Cooperativo, prevención de lavado de activo, situación económica y contable, entre otros.
Las investigaciones arrojaron como resultado que la administración realizó ajustes contables para ocultar la situación financiera desde el 2010. Adicionalmente se encontró irregularidades en el arrendamiento de inmuebles, en la compra de bienes por parte de sus directivos y en el manejo de los productos de venta: “De hecho se compraban productos cuyos precios eran superiores al valor de venta, teniendo una pérdida eminente”, señaló el Superintendente.
En el análisis realizado a los sacos de productos se encontró algún tipo de bacteria que dificultaba la venta de los mismos, quedándose el producto en la cooperativa en condiciones no deseables, por lo cual Coopera se convirtió en una de las mayores generadoras de desperdicios orgánicos debido a la descomposición de los productos no vendidos.
Todas las inspecciones realizadas llevaron a concluir que no existía un manejo adecuado de la cooperativa, por lo cual eran evidentes las causales para su liquidación.
En el artículo 178 de la LOEPS se establece claramente las responsabilidades civiles, penales y administrativas de los directores, administradores, empleados, entre otros; que este caso recae directamente en el contador, gerente financiero, auditor interno y en el gerente general encargado de la gestión administrativa y financiera de la cooperativa. Por lo cual, según las atribuciones de la Superintendencia se han presentando las denuncias correspondientes a la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones y se establezca las responsabilidades a los causantes dela crisis de la cooperativa.
Según Jácome, la pérdida acumulada asciende a 12 millones de dólares, tomando en cuenta que su patrimonio original era de $5 millones, existe una pérdida adicional de $7 millones. Es decir que además de perder el patrimonio de los socios, se perdió los ahorros de los depositantes.
Respecto al proceso de devolución de los valores tanto de socios como de ahorristas, indicó que el 99% de depositantes ya han sido pagados según el cronograma instaurado para la devolución de dinero. Además especificó que se continuará con la venta de activos de Coopera con el objetivo de recuperar de mejor manera los recursos.
