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El 9 de agosto, a las 9h40 se instaló la sesión N.100 de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa con la presencia de Paulina Mogrovejo, delegada del Defensor del Pueblo, doctor Ramiro Rivadeneira.
Mogrovejo es doctora en Jurisprudencia, con especialización en Derechos Humanos y coordinadora del proyecto Observatorio de Comunicación y Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Actualmente es la representante ante el Consejo de Regulación de Medios por parte de la Defensoría.
El diálogo se dio en torno a Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de las Personas Usuarias y Consumidoras, el cual se encuentra para votación en el pleno. “Es importante que los ciudadanos usuarios y consumidores se sientan parte de esta ley y puedan reclamar sus derechos”, declaró Mogrovejo.
Sugirió que no solo es necesaria la defensa ante un daño, sino también la protección previa de los derechos del consumidor. En caso de vulneración a sus derechos de consumidores y usuarios, la ciudadanía necesita soluciones inmediatas, por lo cual es importante el rol de la solución alternativa de conflictos, expresamente: la mediación; la cual permitiría un efecto de cosa juzgada para que tanto proveedores como usuarios se obliguen entre sí, incluso con una orden de apremio, en caso de incumplimiento.
En conexión con la casa legislativa de España, Jenny Franco, migrante ecuatoriana presentó su problemática, indicando que ha sido víctima de xenofobia. De igual manera, Alex Flores, intervino explicando sobre los procesos de deshaucio, y finalmente Isabel Navarrete, afectada en sus bienes patrimoniales por estafa a personas de la tercera edad.
La crisis hipotecaria afectó a cientos de ecuatorianos, por lo cual el gobierno nacional se encuentra trabajando para defender los derechos de sus compatriotas. Daniela Pacheco Pozo, delegada de la Defensoría del Pueblo de Ecuador en Madrid indicó que en España se calcula que se producen 332 desahucios al día, entre los afectados están muchos ecuatorianos. “Muchos casos deben resolverse con patrocinio directo, pero no existe Defensoría Pública para personas que no pueden pagar un abogado, por lo cual es nuestra tarea ayudarlos”.
A esta sesión también acudieron representantes de la tercera edad y discapacitados. Miriam Meza, vocera del Grupo “Paz y Amor”, de San Antonio de Pichincha solicitó el respeto a los derechos humanos de las personas de la tercera edad en todo tipo de instancias, pues además de ser usuarios y consumidores, constituyen un grupo vulnerable. Entre tanto, Marcia Villacís, integrante de una de las asociaciones de personas con discapacidad, expuso sobre el maltrato e irrespeto a las personas con capacidades especiales por parte del servicio de transporte.
En virtud de estas problemáticas, la asambelísta, Soledad Buendía, presentó una propuesta escrita dirigida a la Defensoría del Pueblo para encontrar soluciones viables a estos problemas: Hace una semana fui invitada a visitar la sede otorgada al grupo “60 y piquito” de la parroquia San Antonio de Pichincha y me dolió mucho escuchar en sus testimonios el maltrato por demás abusivo de parte de individuos sin ninguna capacitación para tratar a usuarios que merecen todo nuestro respeto por sus canas, pero que por su fragilidad física y edad, deben tener un trato especial y con calidad humana.
Finalmente, los asambleístas miembros de la Comisión intervinieron en defensa de los usuarios y consumidores, Esperanza Galván, asambleísta por Esmeraldas, solicitó que las alternativas de solución de conflictos que ofrece la Defensoría del Pueblo debe ser socializada hasta en los lugares más remotos del país. La asambleísta Grace Serrano indicó que los abusos por parte del sector del transporte deben ser denunciados, pues el estado subsidia a las personas de la tercera edad y a los discapacitados.
El Dr. Juan Carlos Cassinelli, Presidente de la Comisión, explicó que es necesario otorgarle facultades claras al Defensor Pueblo para que tenga la potestad de solucionar los problemas de los consumidores de forma expedita. “Debe socializarse la defensa que tenemos como consumidores en servicios que utilizamos a diario, como las telecomunicaciones, el transporte terrestre y aéreo, entre otros, y así permitir que como ciudadanos se respeten nuestros derechos”.
Hacer click aquí para leer el Oficio presentado a la Defensoría del Pueblo por Soledad Buendía.
