La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inició este 8 de julio un proceso de fiscalización y control político para investigar los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del país, en cumplimiento de la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 23 de junio de 2026.
La presidenta de la mesa legislativa, Lucía Pozo, señaló que el proceso se desarrollará con estricto apego al debido proceso y a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y demás normativa aplicable. Asimismo, aseguró que la comisión garantizará la transparencia, la objetividad y la celeridad en el cumplimiento del encargo dispuesto por el legislativo.
La fiscalización tendrá un plazo máximo de 90 días, período en el cual se recopilarán elementos de juicio para la elaboración del informe respectivo, que contendrá conclusiones, observaciones y recomendaciones.
Como parte del proceso, la comisión podrá solicitar información, documentación e informes técnicos, así como convocar a comparecer a autoridades, servidores públicos, representantes institucionales, especialistas y demás personas cuya participación contribuya al esclarecimiento de los hechos investigados.
AM
Más fotografías
