El asambleísta Luigi García, representante de la provincia de Pichincha, presentó el Proyecto de Ley Orgánica para la Superación de la Pobreza y la Desigualdad en el Ecuador, cuyo objetivo es establecer un marco jurídico e institucional que permita coordinar las políticas públicas orientadas a reducir la pobreza, disminuir las desigualdades y prevenir su transmisión intergeneracional.
Acompañado de jóvenes y miembros de la Academia, García señaló que la propuesta nace de la gente. “Que, por primera vez en el país, la pobreza no sea una política de un gobierno, sino una política de Estado. Llamaremos a la mesa de diálogo a los diferentes ministerios para que sumen las diferentes herramientas que tiene el Gobierno”.
La iniciativa propone la creación del Sistema Nacional para la Superación de la Pobreza y la Desigualdad, como un mecanismo de articulación entre las entidades del Estado para coordinar programas, servicios y acciones dirigidas a garantizar el acceso progresivo a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis en las personas en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Asimismo, plantea la conformación de un Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza y la Desigualdad, encargado de coordinar, planificar y evaluar las políticas públicas en esta materia.
Entre los principales ejes del proyecto constan el fortalecimiento del Registro Social como herramienta obligatoria para focalizar los programas sociales; la implementación de un Mecanismo de Seguimiento Nominal para acompañar de manera individualizada a las personas y hogares beneficiarios; y la elaboración de un Plan Nacional para la Superación de la Pobreza y la Desigualdad, con metas de largo plazo, indicadores de evaluación y mecanismos de seguimiento.
También impulsa un Piso de Protección Social por ciclo de vida, orientado a garantizar el acceso a servicios esenciales y fortalecer la protección social frente a emergencias económicas, sanitarias, climáticas o de otra naturaleza. Además, prioriza la atención de niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos de atención prioritaria, a fin de reducir las brechas sociales y promover la inclusión económica y laboral.
El proyecto incorpora mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y evaluación periódica de las políticas públicas, así como lineamientos para mejorar la coordinación entre las instituciones del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados. De igual forma, establece que la implementación de la ley se realizará de manera progresiva, utilizando la institucionalidad y los recursos existentes, sin generar nuevas obligaciones de gasto público.
JC
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