La Comisión de Seguridad Integral recibió las observaciones de expertos en telecomunicaciones, tecnología, innovación y seguridad, como parte del tratamiento del informe para primer debate de dos iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad en el ámbito de las telecomunicaciones y la videovigilancia: el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica de Inteligencia para Combatir las Telecomunicaciones No Autorizadas desde Centros de Privación de Libertad, y el Proyecto de Ley Orgánica de Regulación de Sistemas de Videovigilancia.
Durante la sesión intervinieron Vianna Maino, experta en telecomunicaciones; Luis Núñez, especialista en tecnología e innovación; y Patricio Rivas, del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), quienes plantearon recomendaciones para fortalecer el uso estratégico de la tecnología frente al crimen organizado.
Maino destacó la importancia de fortalecer la ciberseguridad, la gobernanza y la gestión de la información, así como de proteger la cadena de suministro tecnológico. Respecto al proyecto de videovigilancia, recomendó una implementación progresiva que parta de un inventario de las cámaras existentes, a fin de identificar capacidades, necesidades y prioridades de inversión.
Núñez advirtió que la evolución tecnológica permite a las organizaciones criminales desarrollar nuevos mecanismos para evadir los sistemas de vigilancia y comunicación. Frente a ello, propuso una evaluación permanente de las herramientas implementadas y una mayor coordinación interinstitucional mediante mesas técnicas especializadas, especialmente para el seguimiento de las tecnologías utilizadas en los centros de privación de libertad.
Rivas sostuvo que el combate al crimen organizado debe abordarse desde una perspectiva integral, que incluya las dimensiones policial, tecnológica y geopolítica. También planteó incorporar metodologías para medir el impacto y la calidad de la información obtenida mediante los sistemas de vigilancia y fortalecer los mecanismos de protección y gestión de datos.
Los expertos recomendaron, además, revisar experiencias de países como Francia, Canadá, México, Brasil y Chile para incorporar buenas prácticas en materia de videovigilancia, seguimiento tecnológico y protección de información.
Las observaciones serán analizadas por la Comisión durante la elaboración del informe para primer debate, con el objetivo de fortalecer ambos proyectos y establecer herramientas tecnológicas eficaces, sostenibles y adaptables frente a la evolución del crimen organizado, con garantías para la protección de los derechos y la información.
JC
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