El asambleísta Franklin Samaniego, representante de la provincia de Pichincha, presentó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el Fortalecimiento Democrático, la Eficacia Procesal y la Representación Política Institucional, que busca fortalecer la institucionalidad, mejorar la eficiencia del trámite legislativo y garantizar una representación política acorde con la conformación de las bancadas.
La propuesta establece cuatro ejes principales, entre ellos, medidas para frenar el transfuguismo político. Las y los asambleístas que ocupen dignidades en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) o integren el Comité de Ética en representación de una bancada deberán cesar automáticamente en dichas funciones si renuncian, se desafilian o son expulsados de la organización política o bancada que respaldó su elección. En caso de vacancia, el reemplazo deberá pertenecer a la misma bancada, con el fin de preservar la proporcionalidad y la representación política originalmente establecidas.
El proyecto incorpora plazos para impedir que los proyectos de ley permanezcan indefinidamente sin tratamiento. Una vez que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califique un proyecto, las comisiones especializadas tendrán un plazo máximo de 30 días para avocar conocimiento, iniciar su tratamiento y desarrollar el proceso de socialización. La iniciativa también plantea mecanismos para evitar que las sesiones suspendidas o los puntos del orden del día permanezcan indefinidamente sin resolución.
Además, garantiza la participación de las minorías. Cuando existan informes de mayoría y minoría sobre un proyecto de ley, ambos deberán ser expuestos ante el Pleno. El ponente del informe de minoría tendrá el mismo tiempo de intervención que el ponente del informe de mayoría, a fin de que las distintas posiciones sean conocidas antes de la toma de decisiones. Asimismo, no podrá iniciarse la votación sin la exposición formal del informe de minoría correspondiente.
La iniciativa fortalece la democracia y la institucionalidad parlamentaria. Es decir, busca que los espacios de representación dentro de la Asamblea Nacional respondan a la composición política que les dio origen y que el procedimiento legislativo cuente con reglas claras, plazos definidos y garantías para un debate plural.
“No se trata de una reforma por una situación particular, sino de establecer reglas para que esto no vuelva a ocurrir y fortalecer la institucionalidad de la Asamblea Nacional”, señaló Samaniego.
RSA
