Considerando que la asambleísta Sofía Espín argumentó en el Pleno que hay pruebas que refuerzan su defensa y el legítimo derecho a la defensa y que no fueron consideradas en la Comisión Multipartidista que investigó su caso, la Asamblea resolvió, con 85 votos, ampliar el plazo para que refuerce sus pruebas y ejerza el derecho a la defensa. Una vez que presente la información la sesión se retomará en un plazo de 72 horas.
La decisión se adoptó en cumplimiento del artículo 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que norma los casos en los que se puede proponer una moción previa, entre ellas para que se suspenda la discusión.
Esto porque en su intervención Sofía Espín afirmó que tiene pruebas, que no ha tenido la oportunidad para exponerlas. Con la resolución de esta víspera podrá presentarlas en el plazo de 24 horas y, con ello, garantizar el respeto al debido proceso.
A Sofía Espín la Comisión la investigó por supuesta incompatibilidad de funciones. En su informe concluyó que la actuación de la parlamentaria, relacionada con su visita a una testigo protegida, se enmarca en la causal 1 del Art. 163 de la LOFL. En ese apartado se establece que los asambleístas no podrán desempeñar ninguna otra función, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo.
Según la Comisión, se recabó información relativa a que Sofía visitó a la testigo protegida y que su conducta se agrava porque acudió con la abogada de la contraparte de otro sujeto procesal, en un día que no era de visitas, y con pleno conocimiento de que al día siguiente se iba a realizar la audiencia preparatoria de juicio. La testigo aseguró a la Comisión que le hicieron ofrecimientos para que cambie su versión.
Dentro del proceso de investigación, la mesa escuchó los argumentos del denunciante Esteban Bernal; del ministro de Justicia encargado, Paúl Granda; y de la afectada Sofía Espín. Esta última también se pronunció en el Pleno, en donde aseguró que se la está juzgando sin la debida motivación, sin imparcialidad, sin respetar las medidas judiciales y sin el debido proceso.
En la Comisión también se presentó un informe de minoría suscrito por Bairon Valle. El de mayoría lo apoyaron el presidente Jimmy Candel y Fernando Callejas. Candel aseguró que antes de aprobar el documento examinaron los hechos, recabaron evidencias, escucharon a las partes, contrastaron versiones y realizaron valoraciones.
Antes de la aprobación de la moción, la presidenta Elizabeth Cabezas Guerrero abrió el debate, en el cual participaron 12 legisladores.
LILA/RS/pv
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