En la Comisión de Desarrollo Económico, gremios de artesanos insistieron en la necesidad de un tratamiento urgente de la Ley de Fomento Artesanal, que beneficia a 178 sectores, con un número de 810 mil talleres, en todo el país, a fin de potenciar e impulsar su trabajo. Aseguraron que esta norma protege y ampara al 17 % de la población nacional, titulados o no, y tiene un carácter netamente productivo.
Así mismo, indicaron que la vigencia de las leyes de Fomento Artesanal y de Defensa del Artesano, con disposiciones contradictorias, impide la total aplicación de una normativa que garantice sus derechos.
Plantearon que para su tratamiento se unifiquen las dos normativas, con el propósito de canalizar las necesidades del gremio en los diferentes sectores del país.
Marcelo de la Torre y Alfredo Cerda, presidente y vicepresidente de la Federación Nacional de Cámaras Artesanales, respectivamente, indiciaron que la Ley de Fomento Artesanal, no tiene la cabal potestad de regirlos. Mientras, la Ley de Defensa del Artesano, promulgada el 5 de noviembre de 1953, establece que en el caso del artesano que no pertenezca o que no esté calificado en la Junta de Defensa del Artesano, su taller será clausurado, lo cual contradice el espíritu de apoyo al ejercicio de la actividad artesanal.
Explicaron que la Ley de Fomento Artesanal, que rige desde 1986, ampara, protege a todos los artesanos, titulados o no, con carácter productivo y con el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración como ente rector.
Según los dirigentes del sector artesanal, en la década anterior, esta actividad fue disminuyendo y los artesanos, maestros y operarios se vieron obligados a cambiar su trabajo de manera forzosa, por falta de apoyo, convirtiéndose en su gran mayoría en maestros albañiles, lo cual genera preocupación a nivel nacional.
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