La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral presentará en las próximas horas los informes favorables en torno a la Convención de Municiones en Racimo y del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, cuya aprobación la deberá resolver el Pleno de la Asamblea Nacional, anunció Linda Machuca, presidenta encargada del organismo.Explicó que dichos instrumentos cuentan con los dictámenes previos y vinculantes de parte la Corte Constitucional, de conformidad con lo que establece el artículo 438, numeral 1, de la Constitución.
Análisis
Con el propósito de obtener mayores elementos de juicio respecto de la temática contra toda forma de tortura, la Comisión receptó este miércoles los criterios del Defensor del Pueblo, subrogante, John Morán Cárdenas; y de la directora de Fundación para la Rehabilitación de las Víctimas de la Violencia, Yadira Narváez, quienes coincidieron en la necesidad de que, en forma urgente, se ratifique el tratado en razón de su trascendencia e importancia.
Javier Beltrón, asesor de la Defensoría, argumentó que el Protocolo tiene como objetivo establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentran personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Indicó que se establecen los Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP), de carácter independiente y con autonomía, a los cuales los estados partes les dotarán de los recursos económicos y humanos para que puedan cumplir a cabalidad su función para beneficio de este grupo vulnerable.
Hay que garantizar que los MNP accedan a todas las instalaciones de los centros de detención, sin excepción alguna. Este protocolo funcionará también en los centros de prisión preventiva, cárceles para procesados, prisiones para reclusos cumpliendo condenas, centros para adolescentes infractores, centros de inmigración, zonas de tránsito en los aeropuertos internacionales, centros para solicitantes de asilo, entre otros, sostuvo.
De su parte, Yadira Narváez, dijo que el mejor homenaje a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sería la ratificación inmediata del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a la vez de enfatizar que la tortura debería ser considerada como un delito de lesa humanidad.
El avance constitucional es grande en el Ecuador, más aún cuando por los artículos 35, 51, 66, 76 y otros de la Carta Suprema se reconocen derechos a la población privada de libertad dentro de los grupos de atención prioritaria, la prohibición de la tortura, las garantías del debido proceso, pero aún existe una brecha entre la aplicación y el ejercicio de los derechos, concluyó.
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