Asambleístas de diversas bancadas políticas presentaron sus aportes al proyecto de Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, que tiene como objetivo garantizar los derechos a la protección del registro de datos de carácter personal al libre acceso a la información generada en entidades públicas y privadas que realicen funciones públicas, a fin de organizar, regular, sistematizar e interconectar la información con la seguridad jurídica.
En efecto, por el lapso de alrededor de cuatro horas, los legisladores resaltaron que la normativa ayudará a modernizar y tecnificar el manejo de los registros y bases de datos públicos para la adecuada prestación de servicios de calidad, con eficiencia, eficacia, así como a dar información oportuna, con la finalidad es superar el gran desorden que ha existido en estas áreas, establecer un sistema de interconexión, mediante una red de control cruzado, entre los registros y las instituciones del sector público.
Así mismo, propusieron determinar claramente la integración de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y especificar las características del Director y que no solo sea nombrado por el Ministro de Telecomunicaciones sino por la Función de Transparencia y Control Social, previo el cumplimiento de requisitos rigurosos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, dijo los registros de datos deben ser descentralizados, pues los artículos 260 y 265 de la Constitución establecen que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos, de actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.
Añadió que el sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades, por tanto planteó que el Registro Civil también tenga un manejo concurrente, descentralizado, dando espacios de servicio conforme lo establece la norma constitucional.
Los asambleístas pidieron incorporar la responsabilidad penal de los funcionarios que están a cargo del manejo de los registros, quienes responderán por la veracidad, autenticidad y debida conservación de los registros.
Así mismo, plantearon la necesidad de determinar quienes puedes obtener licencias para establecer la base de datos del sistema informático; incluir una disposición adicional que especifique los fondos para precautelar los archivos; crear un marco jurídico para prever cuáles son los datos y registros que hacen relación a derecho jurisdiccional o derecho público; y, un registro fidedigno del emigrante para que tenga un acceso fácil y viable en el registro de datos.
Las observaciones y propuestas de los asambleístas serán entregadas a la Comisión de Régimen Económico y Tributario, a efectos de que sean sistematizadas para mejorar el texto del cuerpo legal y prepare el respectivo informe para segundo debate.
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