El Consejo de Administración Legislativa resolvió iniciar el proceso de fiscalización y control político en contra de cuatro ministros de Estado, el Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y el Director General del Hospital Isidro Ayora, por el incumplimiento en la entrega de la información requerida oportunamente.El ministro de Educación, Raúl Vallejo, ha incumplido en la entrega de información requerida en dos ocasiones por la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Benjamín Cevallos Solórzano, responderá por el incumplimiento en la entrega de información requerida por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
Entre tanto, el ministro de Transporte y Obras Públicas, David Ortiz Luzuriaga, deberá responder por enviar de manera incompleta la información que le requirió la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa.
Al ministro de Recursos Naturales no Renovables, Germánico Pinto, se le pedirá explicaciones por el incumplimiento en la entrega de información a la Comisión de Biodiversidad y Recursos naturales.
El proceso de fiscalización al ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, se debe al incumplimiento de entrega de información solicitada por la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social.
Por último, el Director del Hospital Isidro Ayora, Humberto Navas López, deberá presentar la información solicitada por la Comisión Especializada del Derecho a la Salud.
Tal como lo dispone el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las comisiones especializadas permanentes, tienen que conocer el pedido y requerir al funcionario por escrito que conteste nuevamente o que complete la información.
La norma en referencia dispone que “la comisión especializada conocerá el pedido y requerirá por escrito al funcionario público que conteste nuevamente o que complete la información. Para ello, la funcionaria o funcionario público, en un plazo de 15 días, comparecerá en persona ante la comisión, previa convocatoria. Si el funcionario público no comparece, será causal de enjuiciamiento político…”
PV
