Para este 25 de septiembre, la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología tiene previsto iniciar la elaboración del informe para primer debate del proyecto de Ley de Educación Superior.Para tal efecto, se ha tomado como herramientas de trabajo los dos proyectos remitidos a la Asamblea por la Senplades y el Conesup, además de recoger los criterios y propuestas de los grupos inmersos en la materia, en el marco del proceso de socialización.
Nuevos aportes
El asambleísta César Rodríguez, quien fue recibido en comisión general, destacó que la universidad es responsabilidad de todos, no de un gobierno, partido o un gremio, por lo que planteó que el Consejo de Educación Superior lo integren tres delegados del Ejecutivo, tres por parte de las funciones Legislativa, Judicial y de Participación Social, además de otros seis representantes de la academia, de la misma universidad y sectores sociales, provenientes éstos de un concurso público.
También, habló de la necesidad impostergable de que las universidades asuman la dirección de proyectos de desarrollo comunitario, en los sectores más pobres de la sociedad, a fin de generar una real vinculación de estos centros con la población ecuatoriana.
Se mostró partidario que el referéndum universitario sobre temas fundamentales no se quede como mera declaración o referencia, sino sea vinculante y tenga el carácter de obligatorio; que la nivelación en todo el sistema tiene que ser general y universal, tanto para las entidades públicas como privadas, lo cual no significará vulnerar el principio de libre ingreso, con el propósito de fortalecer la calidad y eficiencia de la educación.
Hacia un sistema ordenado
Entre tanto, el doctor Carlos Arcos, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), resaltó que la propuesta gubernamental esta bien concebida y ordenada en términos de su estructura, planificación, autonomía y la docencia, entre otros aspectos.
Recordó que el IAEN fue creado por Decreto Supremo el año 1972 con la misión de formar a altos cuadros del Estado para que aporten en la transformación del país, y el Congreso Nacional en el 96 reformó tal decreto y reconoció a la entidad como universidad de postgrado, con la función de atender las demandas de formación de los servidores públicos.
Sin embargo, hasta hoy se ha financiado con recursos de autogestión y asignaciones pequeñas del Presupuesto General del Estado, precisó, al aclarar que en la propuesta de Senplades no se pretende crear un nuevo centro superior, simplemente se esta definiendo, de mejor forma, la función del organismo, incluso con el título de Universidad de Postgrado del Estado.
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