Representantes de 12 organizaciones campesinas, mantuvieron una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Especializada de Derechos Colectivos con quienes analizaron el proyecto de Recursos Hídricos en aspectos relacionados con la Autoridad Única del Agua, la no privatización, estado pluricultural e intercultural, Fondo Nacional de Riego, órdenes de prelación, entre otros aspectos que consideraron deben ser parte del cuerpo legal que aprobará la Asamblea Nacional.
El presidente del organismo legislativo, Marco Murillo explicó que los comisionados decidieron socializar la Ley de Recursos Hídricos con algunas instituciones, organizaciones, sectores sociales en algunas provincias, a fin de colaborar con la Comisión de Soberanía Alimentaria que está a cargo de la estructuración del proyecto, en vista de ser vinculante el tema de los derechos colectivos, por ello, consideraron oportuno establecer los espacios necesarios para debatir el articulado de las propuesta presentadas y levantar un informe que será entregado a la Comisión respectiva para que lo analice e incluya los consensos alcanzados con varios sectores involucrados en la temática.
En este marco, se dieron cita representantes de la Fenacle, Fei, Junta de Campesinos, Codepmoc, Fodepi, Feine, Codae, Fenocin, Ecuarunari, Fenoc, Conaie y Codempe quienes sugirieron que la Autoridad Única del Agua esté conformado por un cuerpo colegiado, integrado por un director ejecutivo, representantes de las nacionalidades: pueblos afroecuatorianos, montubios, campesinos, juntas de agua, así como de otras organizaciones de representación social y del Ejecutivo, a fin de que no exista una concentración de poder.
Sobre la no privatización del agua, consideran que hay una contradicción en los artículos 70, 73 y 74 que da preferencia a las hidroeléctricas y a la minería, por tanto, conviene preservar el orden de prelación contemplado en la Constitución.
En la reunión, también se analizó los criterios recogidos en los foros realizados en diversas provincias del país. Así, en las mesas de diálogo se acordó que se debe cumplir con la auditoría integral para revisar, revertir las concesiones y su posterior distribución equitativa, tal como determina las transitorias 26 y 27 de la Constitución. La ley en todo el texto debe transversalizar la plurinacionalidad y la interculturalidad; la redistribución debe estar ligada íntimamente con la redistribución de la tierra; se debe asegurar la existencia del caudal ecológico, su manejo sin contaminación.
Sugirieron, así mismo, crear un Fondo Nacional del Agua para asegurar y garantizar la infraestructura y la producción que debe estar ligada con el Fondo Nacional de Tierras; así como las sanciones por contaminación a las personas o entidades que contaminen el agua y si es posible, ser penalizado para que no se convierta en una sanción administrativa. El objetivo es buscar el cuidado y conservación del medio ambiente. Estos aspectos no constan en el proyecto, pero deben ser incluidos.
Finalmente, Marco Murillo aseguró que lo que se busca es construir una ley que recoja el interés común, pero enmarcado en la Constitución.
JLVN
