Por el lapso de tres horas, el Ministro de Educación, Raúl Vallejo, respondió alrededor de 30 preguntas relacionadas con el programa “Hilando el desarrollo”, así como sobre el proceso de pruebas de méritos y oposición para ocupar cargos en la región costa; la denuncia sobre supuestos actos de corrupción en la Dirección Nacional de Servicios Educativos (Dinse); y, la entrega de nombramientos a bachilleres en la provincia de Napo, dentro del proceso de fiscalización que sigue la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidida por el asambleísta Raúl Abad.
En su exposición Raúl Vallejo indicó que el programa Hilando el desarrollo está a cargo de 2.030 unidades ejecutoras desconcentradas, las que realizan los procesos precontractuales y contractuales y que el Ministerio de Educación y sus respectivas unidades ejecutoras no manejan cuentas ni recursos, sino presupuestos. Sin embargo, dijo que la Contraloría hace el análisis de lo actuado por cada una de las unidades ejecutoras que deben responder por la ejecución de los presupuestos.
Dispuso a las Direcciones Provinciales de Educación que remitan la información certificada de los documentos contractuales y financieros de las unidades ejecutoras que participan en este proyecto correspondiente a los períodos 2007 – 2008, a fin de atender los requerimientos del asambleísta Jorge Escala.
Indicó que la cantidad de información requiere de mucho tiempo y recursos por lo que solicitó que los asambleístas digan con exactitud cuál es la información del caso que requieren.
Informó que los concursos de méritos y oposición para ocupar cargos de maestros en la costa, dijo que hasta diciembre de 2007 se registraron 2 322 apelaciones, de las cuales apenas 140 están pendientes; de las 297 apelaciones de docentes en funciones que aspiran optar por un cambio de lugar de trabajo falta resolver únicamente 8.
Al referirse a las pruebas estandarizadas para la evaluación de los docentes, indicó que éstas tienen un tiempo de vida, uso y reuso, que no son corregidas de manera manual, sino que pasan por un lector óptico que es el que registra las respuestas.
Al referirse a la petición de Jorge Escala de obtener las pruebas de evaluación, dijo previamente deberá solicitar la autorización a los evaluados, fundamentándose en lo que dispone el artículo 66, numeral 19 de la Constitución, que establece el derecho a la protección de datos de carácter personal, a la vez que le pidió ser puntual en sus pedidos de información porque sobre este tema existe más de medio millón de hojas que significaría un egreso de más de tres mil dólares, a lo que el asambleísta respondió que existen dudas sobre la eficacia de los lentes ópticos, argumentando que pueden ser manipulados y por lo tanto necesita los documentos físicos.
Al referirse a las denuncias de presuntas irregularidades en la Dinse reiteró que mientras no exista sentencia en firme de autoridad judicial o el establecimiento de responsabilidades por parte de la Contraloría, no puede asumir por actos de corrupción. No obstante, continuó, en aras de asumir correctivos, a través del secretario particular solicitó la salida de los cargos de los funcionarios vinculados con este caso: Julie Ordóñez, Directora de Asesoría Jurídica; Carmen Rocío Abarca Roa, Asesora Jurídica; y, Manuel Humberto Buenaño, Director de Recursos Humanos de la Dinse.
Por su parte el asambleísta Escala mencionó que no es suficiente retirar de los cargos a los funcionarios, sino aplicar sanciones disciplinarias mediante sumarios administrativos a los responsables.
De otro lado, el titular del organismo legislativo, Raúl Abad, aseguró que en una nueva sesión analizarán las respuestas del Ministro de Educación y tomarán una decisión al respecto.
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