Comisión de Fiscalización analizó informe de Contaraloría sobre conatratos de Fabricio Correa

Miércoles, 30 de septiembre del 2009 - 00:30 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta, Silvia Salgado, analizó, conjuntamente, con el representante de la Contraloría General del Estado, José Ignacio Valdivieso, el informe de ese organismo de control sobre los contratos suscritos por Fabricio Correa.

Ignacio Valdivieso, luego de citar las normas establecidas en la Ley de Contratación Pública y las que determinan la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se refirió a los exámenes realizados por el ente contralor y explicó, que esta institución realizó nueve exámenes especiales, de los cuales siete se refieren a contratos efectuados por los Ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Transporte y Obras Públicas, Predesur e Hidrolitoral con las empresas: Consorcio Rellenos y Plataformas (Cosurca e ing. Agustín Rodríguez López); Consorcio Amazónico (Cosurca y Constructora Carvallo A.Z. Cía. Ltda.); Consorcio Puentes y Vías (Siderúrgica del Ecuador S.A. y Megamaq S.A.); Constructora del Sur C.A (Cosurca) Megamaq S.A

Así también indicó que en Petroecuador se efectuaron dos exámenes especiales a tres contratos y 14 órdenes de trabajo, con las empresas: BGP Ecuador CO S.A. y Quality Outsourcing, de los cuales seis están aprobados y tres se encuentran en proceso de ejecución en: el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la Construcción de la carretera Alamor – Zapotillo – Lalamor, en la provincia de Loja; Hidrolitoral a la Construcción del Proyecto Multipropósito Baba; Petroproducción a las órdenes de trabajo y contratos a favor de las empresas BGP Ecuador CO S.A. y Quality Outsourcing.

Puntualizó que de las indagaciones realizados por la Contraloría, los valores de los contratos auditados ascienden a 167´384.193,36 dólares.

Resaltó que como resultado de estas actividades de control se ha evidenciado la inobservancia de expresas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se determinó que los contratistas no cumplieron con requisitos de los pliegos y con algunas cláusulas contractuales, como es el caso de la garantía que debió presentarse por reajuste de anticipos; la no contratación de fiscalizaciones o la falta del número mínimo de técnicos en la obra, entre otras.

Añadió que en el Informe correspondiente a la Vicepresidencia Ambiental de Petroecuador, revela que se incumplieron artículos de la reforma y codificación del instructivo de contratación para obras, bienes y servicios específicos de la empresa estatal.

Afirmó que entre las recomendaciones de los informes de Contraloría, se establece que las máximas autoridades podrán dar por terminadas las obligaciones contractuales, previo el análisis de la normativa establecida en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Dijo que de los estudios se evidencia que las empresas Aplitec S.A.; Helptec S.A.; Megamaq S.A. y, Cosurca, entre otras, se encuentran vinculadas entre sí.

Puntualizó que de los informes de Contraloría recomiendan que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas disponga que en todos los procesos de contratación, los miembros de la Comisión Técnica verifiquen el cumplimiento del requisito determinado en el Decreto Ejecutivo 1793, a fin de que, en forma previa a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente, se obtenga la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa.

En consecuencia, afirmó que como resultado de las acciones de control y luego del procedimiento administrativo correspondiente, se determinarán las responsabilidades administrativas y civiles culposas sugeridas por auditoría, que devendrían en destituciones y multas a los funcionarios que incumplieron la normativa legal. De la misma forma, se procederá a predeterminar las glosas respectivas, en el caso de las responsabilidades civiles, cuando, adicionalmente al incumplimiento normativo, exista perjuicio económico al Estado.

De su lado, la presidenta del organismo parlamentario señaló que la comisión analizará pormenorizadamente los informes y una vez que la Contraloría concluya su trabajo y determine responsabilidades, se pronunciaran sobre el tema.

WVB

 

 

 

 

 

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