El presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Gabriel Rivera, confirmó la asistencia del procurador general del Estado, Diego García, para esta tarde, a las 15:00, con el objetivo de estudiar el tema de la deuda que tiene la banca cerrada con el Estado ecuatoriano.
Comentó que el Procurador, con fecha 2 de octubre, emitió un dictamen, por consulta del superintendente de Bancos, Pedro Solines, mediante el cual facilita el cobro de intereses a los responsables de los bancos quebrados que mantenían más del 6% de la participación accionaria.
Recordó que a partir de 1999 muchos bancos dolosamente quebraron. Luego el Estado entró a administrar esas entidades y les prestó plata para devolver a los depositantes, pero nunca cancelaron dichos recursos, más bien se ha tratado de recuperar con la venta de los activos incautados, incurriendo en una especie de gran negocio.
Resulta que estos “jovencitos”, “angelitos” no han pagado un centavo por concepto de intereses desde 1999, más aún cuando las disposiciones de la Procuraduría no eran claras al respecto, sin embargo, hoy el reciente dictamen marca un antes y un después respecto de la temática, enfatizó.
Cuando un ciudadano saca un crédito y no paga a tiempo le cargan fuertes intereses, no se diga la situación de las tarjetas de crédito, precisó, al manifestar que hay que prevenir que los accionistas de los bancos cerrados se atrevan a pedir el vuelto.
MG/pv
