La ruta a seguir esta claramente definida en la ley y la Constitución, dijo el asambleísta Gabriel Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, al indicar los términos en que desarrollará la gestión durante los próximos dos años.
Comentó que, de manera general, la Asamblea es un juez de cuentas, por tanto, investiga y establece responsabilidades políticas de los funcionarios de los diversos poderes del Estado, al reiterar que la comisión actuará con mucha transparencia y seriedad.
Nunca más permitiremos que se intente convertir a la fiscalización en el circo del pasado, dijo, tras recordar que, por ejemplo, cuando un político quería ser candidato a presidente o a la reelección como diputado del Congreso, había que fiscalizar y más allá que sea culpable o inocente, se montaba el show, lo que quiso repetir la oposición en el período que concluyó.
Esos congresos que tuvieron tales características (cenicerazo, venta de conciencias, del hombre del maletín, reparto de la troncha) terminaron con el 3 y 5% de credibilidad, mientras la Asamblea alcanzó el 62% de confianza popular.
Señaló que leyes como la de Comunicación, Culturas, Aguas, el Código Integral Penal, entre otras, lamentablemente, no se las pudo poner en vigencia, por la tozudez de una oposición que a todo decía no, que por hacerle daño al presidente de la República, Rafael Correa, terminaba haciéndole daño al país.
Reconoció que existe cambio en la visión de la actual oposición, pues CREO y Sociedad Patriótica apoyaron la elección del secretario y prosecretario de la institución, así como participaron en la designación de las autoridades de la Comisión de Fiscalización, haciendo ejercicio práctico de inaugurar la verdadera oposición, que aporte a la construcción de la patria, dejando atrás el obstruccionismo.
Consideró que se debería darle seguimiento al caso Duzac, más allá que el tema por ser penal está en conocimiento de la Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo. Incluso, hay que ver como camina el punto de participación ciudadana y el control social, el ámbito electoral, agregó.
Por último, Gabriel Rivera López, representante de la provincia de Esmeraldas, puntualizó que la fiscalización no puede ser solamente cortarle la cabeza a alguien, mediante un juicio político, sino puede ser preventiva, concomitante y concurrente.
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