A criterio de la subsecretaria, esta reunión es un “primer acercamiento” sobre el tema, que amerita nuevas reuniones de trabajo con los asambleístas y sectores relacionados con el contenido del proyecto en trámite, a fin de alcanzar -en lo posible- “un pacto social”.
La funcionaria informó que, actualmente, se encuentran en un proceso de estratificación de los municipios y juntas parroquiales, que permitirá establecer el gasto estándar en bienes y servicios públicos, considerando los criterios previstos en el artículo 272 de la Constitución, es decir el tamaño y densidad de la población, necesidades básicas insatisfechas y logros en el mejoramiento de los niveles de vida.
Posteriormente, se considera el esfuerzo fiscal estándar y la brecha de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados; se toma en cuenta el índice de equidad y, por último, el monto a transferir.
Luego de la exposición, los asambleístas plantearon sus inquietudes, principalmente respecto al monto que recibirían los gobiernos autónomos en relación con el año 2008. Al respecto, se aclaró que en ningún caso recibirán menos, porque así contempla la Disposición Transitoria 14 de la Constitución, es decir, tendrán más recursos de los que tienen actualmente, en virtud de lo dispuesto en las leyes correspondientes.
Se precisó que el presupuesto “no es un pastel que se reparte”, sino que, a través de una propuesta distinta, se considera el criterio de progresividad de los recursos, en el cual nadie saldrá perjudicado y, más bien, los recursos crecerán.
La fórmula propuesta será aún trabajada y, posteriormente, socializada, como paso previo a la inclusión en el informe para segundo debate.
Pro forma, la próxima semana
De otro lado, la subsecretaria del Ministerio de Finanzas anunció que, de conformidad con el mandato constitucional, esta cartera de Estado, la próxima semana, entregará la pro forma presupuestaria para el 2010, a la que se adjuntará la programación cuatrianual, que según la normativa constitucional debe presentar a la Asamblea Nacional 60 días antes al inicio del año fiscal respectivo.
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