El ministro de Transporte y Obras Públicas, David Ortiz, deberá remitir la información solicitada por el asambleísta Fernando González respecto a la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Río Blanco - Ambato, cuya información específica sobre las garantías y certificación del reaseguro es requerida desde el 26 de octubre pasado.En este caso, el asambleísta denunció un presunto delito de colusión con un perjuicio para el Estado en 6 millones de dólares.
Previo a la notificación al funcionario, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, avocó conocimiento del expediente y hasta el próximo lunes se contará con las preguntas del asambleísta que serán remitidas nuevamente al Ministro para que responda en un plazo de 15 días y comparezca a la comisión.
La información que solicitó el asambleísta es respecto a la garantía vigente correspondiente al buen uso del anticipo y la certificación del reaseguro o contra garantía, emitida por la reaseguradora con la respectiva certificación de la Superintendencia de Bancos, de conformidad con lo estipulado en las bases contractuales de la obra de 48.8 kilómetros.
Al respecto, el asambleísta González en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales recordó que el contrato de la obra fue por 12 millones de dólares, suscrito el 20 de octubre de 2008, el anticipo se entregó el mismo mes, el plazo para la construcción fue de 8 meses, es decir que debía entregarse la obra el 30 de junio de 2009.
El avance actual de la obra es del 6% y no hay sanción para el fiscalizador, directores provinciales, subsecretarios ni ministros, es decir para ningún funcionario, dijo.
“Todas las garantías que entregó la compañía de Seguros y Reaseguros Centro Seguros (CEMSEG S.A.) lo hizo sin ningún respaldo físico solamente en base de firmas, por tal motivo en el mes de diciembre ellos plantean una acción de protección para no renovar las garantías, lo cual es un caso inédito en la historia de la contratación pública del país, y lamentablemente un juez la acepta”, aseguró.
Añadió que no existe un informe técnico de la terminación del contrato y lo que es peor no existen en vigencia las garantías con lo cual, se esfuman los 6 millones de dólares del anticipo.
Añadió que la terminación unilateral del contrato, por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se fundamenta en la Codificación de la Ley de Contratación Pública y en la Ley Orgánica de Contratación Pública, es decir el anterior y actual cuerpo legal, lo cual nulitaría todo el proceso y evitará que la compañía se someta a un juicio legal para que responda por las irregularidades.
Por último, advirtió que, hasta recuperar las garantías (6 millones de dólares), el Estado no puede convocar a un nuevo proceso de licitación para tal obra.
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