Organizaciones campesinas, Ecuarunari, juntas de regantes, exigen analizar nudos críticos de la Ley de Aguas antes de aprobar su texto

Lunes, 29 de marzo del 2010 - 18:32 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Organizaciones campesinas, indígenas, juntas de regantes y los asambleístas Ramiro Terán y Gerónimo Yantalema, demandaron de la Comisión de Soberanía Alimentaria que previo a la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, se resuelvan los nudos críticos, para lo cual presentaron en el seno de este organismo cuatro propuestas para que sean estudiadas y tomadas en cuenta.

Los temas están relacionados con la institucionalidad del agua y participación; tarifas diferenciadas y gratuidad del riego para la soberanía alimentaria; aprovechamiento productivo, contaminación y protección de zonas de recarga hídrica; desprivatización y desconcentración, fondo del agua para la vida.

Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, señaló que las organizaciones se han unido para defender el derecho al agua por lo que planteó que la Autoridad Única del Agua esté constituida por el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, el que ejercerá la rectoría del Sistema Nacional del Agua en todo el territorio nacional. Este consejo será un órgano colegiado, entre delegados de los niveles del gobierno central y descentralizado y con representación y participación plena intercultural y plurinacional de las organizaciones nacionales legalmente reconocidas de los usuarios del agua, de los ciudadanos, de los pueblos y nacionalidades y de los consumidores.

De su lado, el coordinador de la JAPRE, Rafael Gualichico, subrayó la necesidad de respetar lo que establece la Constitución en lo referente a la no privatización del agua. Solicitó que el Estado invierta en infraestructura de los sistemas comunitarios tanto para consumo humano como para riego, con la finalidad de garantizar la soberanía alimentaria; que la tarifa por el permiso de uso del agua para el consumo humano sea gratuito, por tanto, el servicio que incluye la captación, conducción, operación y mantenimiento será cobrado por las organizaciones que gestionan los sistemas comunitarios de consumo y riego que garantiza la soberanía alimentaria.

Entre tanto, Wilmer González Sánchez, presidente nacional de la Unión de Organizaciones Campesinas del Ecuador, manifestó que en la nueva Ley del Agua se debe insertar un articulado que permita la creación del fondo del agua para la vida, que debe ser parte de la Autoridad Única del Agua, controlado y vigilado por el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, que servirá para viabilizar el manejo sustentable del ecosistema que tengan que ver con el recurso hídrico (páramos, bosques húmedos, humedales) a fin de construir y rehabilitar los canales de riego para los pequeños y medianos productores, como también para las construcciones de rehabilitación de los sistemas comunitarios de agua potable, para las comunidades.

Este fondo debe crearse por asignaciones directas del Estado, por las tarifas que generen la comercialización de la energía hidroeléctrica y las ganancias del sector agroindustrial.

Carlos Pérez, presidente de los sistemas comunitarios de agua del Azuay, exigió que en la Ley de Recursos Hídricos se incluya un artículo que en forma explícita prohíba toda actividad extractiva en nacimientos y fuentes de agua, es decir, que el Ecuador sea declarado libre de actividad minera metálica a gran escala.

De su lado, los asambleístas Ramiro Terán y Gerónimo Yantalema indicaron que pedirán a miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria, de la cual son parte, que estudien las propuestas de estos sectores en virtud de que se constituyen en puntos críticos que deben ser resueltos. Si no se toman en cuenta estos aspectos, precisaron que presentarán un informe de minoría que recoja esta aspiración de los pueblos y nacionalidades.

JLVN/pv

 

 

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