Primer debate del proyecto de Ley de Participación Ciudadana avanza en el Pleno

Miércoles, 07 de octubre del 2009 - 18:42 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Asamblea Nacional, en su sesión 10, inició el primer debate el proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, cuyo objetivo es incentivar el conjunto de dinámicas de participación y organización social que la sociedad emprenda, por su libre iniciativa, para resolver sus problemas e incidir en la gestión de las temáticas que atenten al interés común y, de esta forma, procurar la vigencia de sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular.

La normativa garantiza la vigencia de formas de gestión pública abiertas a la incidencia de la ciudadanía, así como las iniciativas de rendición de cuentas y control social y sienta las bases para el funcionamiento de la democracia participativa.

A las 13H00, el titular de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, suspendió la sesión, misma que se reinstalará a partir de las 15H00, para continuar el análisis de este importante proyecto.

Durante el debate, los asambleístas resaltaron la importancia de la ley, ya que según dijeron, se norma la participación de toda la ciudadanía en la toma de decisiones y control ciudadano.

Subrayaron que la ciudadanía, mediante esta ley, debe tener la facultad del control democrático de sus representantes. Se pretende que la democracia ecuatoriana corrija una de las más grandes prácticas, que es utilizar fondos del Estado, estructuras, equipos y demás para, a nombre de una determinada institución, aprovecharla en beneficio de una determinada tienda política, por lo que la participación debe ser autónoma.

Uno de los temas más debatidos fue la incorporación de la silla vacía en las instituciones, donde el ocupante tendrá la facultad de intervenir con voz y voto. Se puntualizó que éste no debe tener la facultad de voto, porque no acredita ninguna representación por elección popular.

Respecto del carácter vinculante de la consulta previa ambiental, varios asambleístas explicaron que si el resultado de este proceso tuviese fuerza obligatoria se equipararía a la consulta popular y ese no es el sentido de la norma. Es una institución distinta que busca auscultar el criterio de las comunidades o pueblos en los cuales se proponen proyectos de desarrollo, recordaron.

De igual manera, se observó la disposición por la cual la participación ciudadana no podrá ser manejada por el sector público, los partidos y movimientos políticos, por cuanto la propia Constitución reconoce a estos espacios dentro de las formas de participación y representación democrática.

WVB-EG/pv

 

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