Por alrededor de cuatro horas, y con la intervención de 19 asambleístas, el Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primera instancia el proyecto de Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión de la Verdad, que busca precautelar el adecuado ejercicio de sus funciones de investigación de los hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos, en el período 1984-1988.
El proyecto establece que gozarán de inmunidad civil y penal, exclusivamente por las conclusiones, recomendaciones, análisis y develamiento de las circunstancias constantes en su informe final y cualquier otro documento hecho público como resultado de sus investigaciones.
Para estos efectos, se considerarán miembros de la Comisión de la Verdad a todos quienes hayan participado en este proceso investigativo, sea directa o indirectamente, los Comisionados, miembros del Comité de Soporte, Secretario Ejecutivo, consultores y personal que haya ejercido funciones y actividades que signifiquen involucramiento en tareas de indagación y obtención de información.
La Comisión de la Verdad podrá mantener en absoluta reserva toda información que haya logrado documentar, así como la identidad de sus testigos y colaboradores hasta que sean puestos a consideración de las autoridades.
En caso de ser necesario, antes o después de la presentación de su informe final, la Comisión requerirá a la Fiscalía acoja dentro de su programa de protección a víctimas y testigos, a los miembros de la comisión o a aquellas personas que hayan contribuido con el proceso de investigación.
La propuesta legal determina que el programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía estará en la obligación de atenderlo favorablemente en forma inmediata. Dichas medidas de protección subsistirán mientras existan los factores que las motivaron y solo podrán cesar previo pronunciamiento favorable de la Comisión de la Verdad.
Los aspectos relativos al procedimiento de protección se mantendrán bajo estricta reserva, obedeciendo al principio de confidencialidad.
En los considerandos del proyecto se señala que es necesario evitar que los integrantes de la Comisión de la Verdad estén envueltos en innumerables acusaciones y aclaraciones judiciales, por el solo hecho de haber realizado la tarea que les fue encomendada: investigar los hechos para que sean los órganos judiciales pertinentes los que lleven adelante los procesos que correspondan.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en los próximos 45 días deberá procesar las observaciones, sistematizarlas y elaborar el informe para segundo debate.
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