Reformas a Ley de la Función Legislativa y veto a las reformas de la Ley de Régimen Monetario, en la agenda de este martes

Lunes, 21 de septiembre del 2009 - 15:38 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, convocó a los asambleístas a la sesión No.8, a realizarse mañana martes 22 de septiembre, a las 8h30, para resolver la objeción parcial del presidente de la República, Rafael Correa a las reformas a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado; y, el primer debate del proyecto de Ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Régimen Monetario

El Ejecutivo realizó tres objeciones a las reformas a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado referentes a la remuneración de los empleados del Banco Central, atribuciones del Directorio y el paso del museo filatélico al Ministerio de Cultura.

El Mandatario considera que la atribución de “aprobar la política general de corresponsalía con los bancos nacionales y del exterior”, sea parte de la Superintendencia de Bancos y no del Banco Central del Ecuador. De esta manera, tal atribución se mantendrá como consta en la actual ley.

Respecto a la remuneración de los empleados del Banco Central, sostiene que antes de hacer un reajuste debe revisar la legalidad del incremento de los sueldos de todos los servidores de la institución. Con este objetivo se propone revisar y ajustar las remuneraciones mensuales unificadas de las autoridades y funcionarios a la escala emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales y que en un plazo de 30 días se efectúe un estudio de clasificación de puestos y la ubicación en la escala correspondiente. Quienes hayan adquirido legalmente la remuneración y que superen a los valores establecidos en la escala mantendrán su remuneración.

Así mismo, plantea que “hasta el 31 de julio de 2010, se transfieran todos los bienes culturales y no culturales y derechos pertenecientes al Banco Central del Ecuador que formen parte de la gestión cultural de Banco Central, a la institución del Sistema Nacional de Cultura que establezca el ministerio respectivo, con excepción del Museo Numismático y la Biblioteca económica.

Reformas a la Función Legislativa

La reforma propuesta por el asambleísta Rafael Dávila apunta a darle representación a los bloques de minoría en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), a fin de posibilitar la designación pendiente del cuarto vocal del organismo.

La Comisión de Justicia, en su informe de mayoría, argumenta que el proyecto de ley no infringe el límite impuesto por la Norma Fundamental y, más bien, desarrolla el concepto constitucional, permitiendo y dando la oportunidad para que miembros de otras organizaciones políticas puedan integrar el Consejo, cumpliendo con la finalidad de que el mismo tenga una conformación plural.

La reforma prevé que “en caso de no existir las bancadas legislativas suficientes para la designación de los cuatro vocales antes referidos, la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea, elegirán al número de vocales faltantes, de entre los asambleístas que no formen parte de una bancada legislativa ya representada en el Consejo de Administración Legislativa; para lo cual cualquier asambleísta podrá presentar la candidatura que estime pertinente”.

Además, se propone que “en el plazo de hasta ocho días siguientes a su integración, las comisiones se instalarán bajo la coordinación provisional del primer asambleísta designado para esa comisión, y procederán a la elección, por separado, de un Presidente y Vicepresidente. Si vencido este plazo no se hubiera elegido a cualquiera de estas dignidades, será el Pleno de la Asamblea el que por mayoría absoluta de sus miembros elija a dichas dignidades”.

En lo que respecta al proceso de comparecencia de los funcionarios públicos en los procesos de fiscalización, consideraron adecuado aceptar las propuestas presentadas en lo que respecta al procedimiento, por tanto, se determina que la comisión especializada conocerá el pedido y requerirá por escrito al funcionario público que conteste nuevamente o que complete la información. Si la funcionaria/o público, en un plazo de 10 días no contestare o no completare la información o lo hiciera insatisfactoriamente, deberá comparecer personalmente ante la comisión, en un plazo de 10 días, previa convocatoria. Si el funcionario público no comparece, será causal de enjuiciamiento político.

JLVN/pv

 

 

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