Frank Rafael La Rue, relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión, en carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, recomendó que, dada la trascendencia del proyecto de Ley de Comunicación y por existir amplios sectores interesados en la misma, se prolongue el período de consulta ciudadana, a fin de lograr un mayor nivel de acuerdo en torno a esta iniciativa legal.
De otro lado, el alto funcionario expresa su preocupación por ciertos estándares internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión: por un lado, lo referente a la profesionalización, que debe ser vista como una opción personal de quienes trabajan la comunicación social y el Estado debe promover y facilitar alternativas para que este principio se cumpla.
Sin embargo, sostiene que la profesionalización de los periodistas y comunicadores no debe ser considerada como una condicionalidad o requisito de contar con un título o de colegiarse para quienes ejercen la función de comunicadores sociales de cualquier naturaleza.
Igualmente, subraya que todos deseamos que el trabajo de comunicación, y en particular el de la prensa, sea objetivo y veraz, pero esta calificación le corresponde a la opinión pública y no puede el Estado establecer mecanismos que validen dicha veracidad en forma anterior a su emisión o en forma posterior a la misma, pues inevitablemente se convertirían en mecanismos de censura.
Menciona que si existen limitaciones a la libertad de expresión y una responsabilidad ulterior de toda comunicación, éstas deben estar determinadas previamente por la Ley y prioritariamente aplicadas por el sistema de justicia. Dicha ley debe llenar los requisitos de legalidad, necesidad y finalidad legítima.
Afirma que la necesidad debe regirse para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás o, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, pero en ningún momento puede condicionarse o limitarse el contenido en cuanto a opiniones o comentarios sobre políticas públicas o acontecimientos de orden público por lo que no puede existir el desacato. No se pueden limitar los comentarios sobre políticas públicas, ideologías, religiones o escuelas filosóficas e incluso no se pueden limitar comentarios que no coincidan con la visión o sentimiento de las mayorías, añade.
De esa manera, el relator de la ONU sobre la Libertad de Opinión y Expresión oficializa la opinión institucional en torno al trámite de la Ley de Comunicación, en el marco de la cooperación internacional.
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