Domingo 20 de Octubre de 2013 |

Las turbulencias contractuales del trasvase

El Valle del Río Javita es un extenso territorio del norte de la provincia de Santa Elena rodeado de un cinturón de cerros con vegetación seca. Más de 20 comunidades asentadas en esa zona viven del cultivo marginal de productos como maíz, frutas y hortalizas. El agua es escasa en el sector y el recurso hídrico para sus necesidades deben obtenerlo de pozos artesanales.A pocos kilómetros de allí se construye una obra que permitirá dotar de agua para el consumo humano y para el riego de 7.700 hectáreas de ese territorio. El líquido, proveniente del río Daule, será impulsado desde Chongón (provincia del Guayas), hasta el embalse San Vicente, en la parroquia Colonche, cantón Santa Elena. La Secretaría Nacional del Agua (Senagua) tiene la responsabilidad de este proyecto denominado "Trasvase desde el Canal Chongón-Sube y Baja al Embalse San Vicente", una obra esperada por más de 30 años. Los beneficiados serán unos 85.000 habitantes de la península de Santa Elena. La obra, que se construye a un costo de $ 39'259.457,27, fue contratada el 18 de octubre de 2011, a un plazo de 18 meses. Pero su proceso de contratación arrastra una larga historia de cuestionamientos legales y técnicos que se remontan al 2008 y aún no terminan. LA HISTORIA. El 28 de junio de 2008, la desaparecida Cedegé (Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas) mediante una resolución declaró la emergencia para la contratación de los trabajos de ese proyecto, e invitó directamente a la compañía Hidalgo e Hidalgo para que presente su propuesta técnica y económica. El contrato fue adjudicado a esa constructora el 27 de agosto de ese año, por un monto de $ 43'726.219,52, y un plazo de 24 meses calendario para la ejecución de los trabajos. Sin embargo, el compromiso no pudo formalizarse debido a que no existía la ingeniería de detalle de la obra, lo cual fue observado por la Contraloría. Con los estudios de ingeniería a nivel de detalle, que fueron terminados y entregados el 28 de octubre de 2010, se suprimieron rubros y se cambiaron cantidades de obra. El costo de la contratación del proyecto se redujo entonces a $ 35'063.741,03. Transcurridos tres años desde la adjudicación del contrato a Hidalgo e Hidalgo, Senagua, que había asumido las funciones de Cedegé, decide retomar el trámite para la construcción del trasvase en la Península. Por ello, el 3 de mayo de 2011 la entidad solicitó a la Subsecretaría Regional de la Demarcación Hidrográfica del Guayas (SDHG) la documentación original del proceso precontractual. "La documentación original no existe, por lo que se ha procedido a realizar el levantamiento de un inventario de las copias de los documentos encontrados en dicha dependencia", fue la respuesta de la SDHG, según reseña una resolución firmada el 2 de junio de 2011, por parte de Domingo Paredes, entonces titular de Senagua. El reporte de la pérdida de la documentación original del proceso fue lo que motivó a Paredes a disponer, el 11 de mayo de 2011, que la entidad "proceda con las acciones administrativas y legales pertinentes para esclarecer y sancionar este hecho". El subsecretario de la Demarcación Hidrográfica del Guayas además presentó a la Fiscalía una denuncia por hurto de esa documentación, indica otro considerando de la resolución del 2 de junio de 2011. Denunciando "manejos administrativos sospechosos", Paredes decidió no aprobar la contratación adjudicada a Hidalgo e Hidalgo. Así lo hizo conocer en un oficio fechado el 13 de mayo de 2011, dirigido al prefecto de Santa Elena, Patricio Cisneros (ver gráfico). El entonces secretario del Agua informó en su escrito que encontraron "vicios de nulidad que podrían afectar a la validez del contrato". Al referirse a la adjudicación a la compañía Hidalgo e Hidalgo, resaltó que "se pretendía firmar el contrato bajo el mismo estado de emergencia con tres años posteriores (...)". Asimismo, señaló que esta situación "va en contra de todo principio de legalidad, transparencia y oportunidad, pues no existe situación emergente que tenga una durabilidad tan extensa". Domingo Paredes renunció a su cargo el 12 de julio de 2011. Su reemplazo, Cristóbal Punina, obvió todas las observaciones legales hechas al proceso y dos meses más tarde, el 18 de octubre, suscribió el contrato con Hidalgo e Hidalgo para la construcción de la obra. Para tratar estos temas, EXPRESO pidió una entrevista a Alberto Hidalgo, superintendente regional de la empresa contratista, pero no obtuvo respuesta. Tampoco fue posible un diálogo solicitado con autoridades de Senagua. La entidad informó vía correo electrónico que la obra culminará en febrero de 2014 y que se suscribió un contrato complementario sobre la base de un informe favorable de la Contraloría. Procuraduría hizo observaciones