Todos aquellos que hemos desempeñado alguna función pública, -ya sea como autoridades electas, empleados o funcionarios, con nombramiento o bajo contrato-, hemos seguido el “ritual” de ingresar a la página web de la Contraloría General del Estado, bajar el formulario para realizar nuestra declaración juramentada, llenarla -casi siempre con dudas y temor sobre si lo hicimos bien -, ir a Contraloría para su revisión, luego al Notario, y de vuelta a la Contraloría, donde se quedan con una copia y nos sellan la que se adjunta a nuestra carpeta. Al final del día, exhaustos y con los pies hinchados, -siempre y cuando todo haya fluido sin contratiempos-, por fin el consuelo de tener la documentación completa.
Pero, más allá de la anécdota, como asambleísta integrante de la Comisión Permanente de Participación y Control Social, considero que es pertinente hacerse las siguientes preguntas: ¿Los cientos de miles de declaraciones patrimoniales entregadas a la Contraloría, son útiles en la lucha contra la corrupción? ¿Si la respuesta es no? ¿Qué cambios deberíamos exigir a la Contraloría?
Si consideramos la actual modalidad de ingreso de la información, mediante ventanilla en un formulario impreso, y llenado en muchos casos a mano, es fácil suponer que el procesamiento y uso de la misma es muy restringido, limitándose a comparar declaraciones en casos de denuncias o como resultado colateral de auditorías o análisis especiales. En resumen, se estaría dando una subutilización de la información disponible, al no estar digitalizada y sistematizada en un sistema informático.
Por ello, desde la demanda de un mayor control social y más transparencia, es urgente que Contraloría tenga un “Sistema Informático de Declaraciones Patrimoniales Juramentadas”, a fin de que se pueda comparar, en tiempo real, las diferencias entre declaraciones realizadas en distintos momentos.
En este marco, la Contraloría ha considera necesario elaborar un “Proyecto de Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas”, que en su parte medular propone el ingreso en línea de la información, de forma similar a cómo actualmente realizamos nuestras declaraciones de impuestos en el SRI.
Al respecto de esta propuesta, quiero hacer varias consideraciones:
1. El ingreso de la información en línea y el desarrollo un sistema de información para su procesamiento, si bien necesario e impostergable, no requiere de una nueva Ley que reglamente la declaraciones patrimoniales juramentadas, sino llevar adelante procesos de modernización y coordinación entre instituciones públicas.
2. Las declaraciones patrimoniales juramentadas deben seguir siendo realizadas ante un Notario, pero el proceso de digitación de los contenidos de las mismas no debería ser una responsabilidad de la Contraloría, al menos por dos razones: primero, se vería desbordada en su capacidad operativa (necesitaría un ejército de digitadores) y, segundo, porque se podría considerar que es juez y parte.
3. Un proceso que podría dar solución al problema, sería el siguiente:
¯ Mantenemos el trámite mediante el cual el ciudadano realiza la Declaración Patrimonial Juramentada ante un Notario.
¯ Mantenemos el requisito de que se entrega una copia a la institución contratante y otra a la Contraloría.
¯ Sugerimos que las instituciones contratantes pasen a formar parte un sistema informático en línea, de ingreso de las Declaraciones Patrimoniales Juramentadas. Sistema administrado por Contraloría.
¯ La institución contratante es la responsable de digitar la información de sus respectivos funcionarios en el sistema.
Gracias a este procedimiento, la Contraloría estaría en capacidad de realizar, en tiempo real, un cruce de información entre declaraciones realizadas: inicio y fin, entre un trabajo y otro, inicio e intermedias, etc., y encontrar casos anómalos entre los cientos de miles de declaraciones. Sólo en ese momento tendremos una herramienta útil en la lucha contra la corrupción y a favor del control social y la transparencia.
Como militante de Alianza País e integrante de la Comisión de Participación y Control Social apoyo a la Contraloría en su iniciativa de tener una herramienta informática que le facilite su trabajo de identificar probables casos de enriquecimiento no justificado y de corrupción. Pero no comparto que para hacerlo opte por la presentación de una Ley, cuando el objetivo puede ser cumplido mediante acuerdos interinstitucionales y mejora de procesos administrativos y reglamentos internos.
Asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas | Presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político e Integrante de la Comisión De los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social | Movimiento Patria Altiva i Soberana
