Con la presencia de la Ministra de Finanzas (e), Madeleine Abarca; del Superintendente de Bancos, Pedro Solines; y, representantes del Grupo de Deudores de Buena Fe, la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el asambleísta Juan Carlos Cassinelli, inició el trámite del proyecto de Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, calificado de urgente en materia económica.
La ministra Abarca enfatizó que para el Presupuesto General del Estado el impacto fiscal no sería significativo en el tema de la liquidez y sostenibilidad de las cuentas fiscales, tomando en cuenta que existen ya unos valores recaudados por parte del Banco Central. Además comentó que la propuesta gubernamental tiene tres objetivos fundamentales: facilitar la realización de los activos de la banca cerrada; viabilizar el cobro de la cartera adeudada, bajo criterios de justicia financiera; y, establecer un mecanismo de pago a los acreedores perjudicados de la banca cerrada.
Por otra parte, el superintendente Pedro Solines consideró que el proyecto en su concepto general es positivo, pero que requiere algunos ajustes para mejorarlo, a fin de satisfacer los intereses y expectativas del país y la ciudadanía.
Roberto Parra, presidente del Grupo de Deudores de Buena fe, al señalar que la propuesta legal para el cierre de la crisis bancaria de 199, es tomada como una oportunidad para demostrar al mundo que en Ecuador se apuesta al ser humano, la familia, el trabajo y la posibilidad de tener una vida digna, antes que al capital y que de esta forma se rompe los paradigmas financieros que sustentan un capitalismo sin piedad y sin rostro humano. Además recalcó que los gobiernos de Sixto Durán Ballén y Jamil Mahuad se enfocaron a proteger los intereses y patrimonio de los banqueros, a quienes se les dio una moratoria para no pagar pasivos y además se les otorgó créditos con bajos intereses para cubrir sus pérdidas, beneficiando también a la revalorización de sus inmuebles y de las utilidades por venta de activos rematados que ellos secuestraban a sus deudores.
Las operaciones que están en el BCE son 7.563, de esas 2.558 no se beneficiarían de este proyecto porque han sido consideradas como vinculadas, que corresponden a 510 deudores por un monto de 2.455,1 millones de dólares.
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