Con 108 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional, aprobó está mañana la ley de Comunicación, que tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación, de acuerdo a lo que establece la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica.
Dora Aguirre Hidalgo, asambleísta por la Circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, señaló que la presente Ley busca evitar la manipulación o distorsión de la información pública y privada y es el resultado de la demanda de diversos sectores por un derecho efectivo a la comunicación y a una verdadera libertad de expresión, que forma parte de propuestas reivindicativas, recogidas en la Constitución de 2008 y ratificada en la consulta popular del 7 de mayo de 2011.
De acuerdo a las normas deontológicas todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar normas mínimas, de respeto de acuerdo a las características propias de los medios para difundir información y opiniones.
Uno de los puntos álgidos de la ley de Comunicación relacionado con la responsabilidad ulterior, busca democratizar un derecho social y no la censura previa, pues determina la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos humanos.
Así mismo, la legisladora destacó que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, contará con personalidad jurídica, autonomía funcional, administrativa y financiera, cuya finalidad será diseñar e implementar las políticas públicas de comunicación relativas a sus competencias y ejercer las potestades regulatorias en el ámbito de sus atribuciones. Estará integrado por un Representante de la Función ejecutiva, uno de los Consejos Nacionales de Igualdad, uno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, uno de los Gobiernos Autónomos y uno del Defensor del Pueblo.
Uno de los aspectos destacados de la Ley, es el impulso a la producción audiovisual nacional, destinando de manera progresiva, al menos el 40% de su programación diaria en el horario apto para todo público y el 10% debe ser producción independiente. La publicidad tiene que ser producida en el país por lo menos 80%.
Las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirá equitativamente en tres partes, 33% para medios públicos, 33% para medios privados, y 34% para medios comunitarios.
La ley establece los derechos de los comunicadores en lo referente a: cláusula de conciencia, reserva de la fuente, mantener secreto profesional, libre ejercicio de la comunicación, profesionalización para programación permanente, derechos laborales de los trabajadores de la comunicación, reconociendo, además el papel que juegan los medios en la reproducción de una cultura patriarcal y sexista, se contempla la obligación para que la nómina de los medios de comunicación de carácter nacional, tengan criterios de equidad y paridad entre hombres y mujeres; de personas con discapacidad y que garantice la participación intergeneracional.
La ley garantiza además el derecho a recibir información veraz, verificada, contrastada, contextualizada y oportuna, la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, la regulación de contenidos, el derecho a la comunicación intercultural y plurinacional, derecho al acceso de las personas con discapacidad: traducción con subtítulos, lenguaje de señas, sistema braile, entre otros.
En definitiva se busca evitar la información falsa, engañosa o descontextualizada, que algunos medios privados cometen fundamentándose en la libertad de expresión. El sector debe tener una regulación lo que no supone control o censura, expresó Aguirre.
Asambleísta por la Circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Desde muy joven me desempeñé como activista social en mi provincia natal Imbabura. Posteriormente en España como migrante, fui fundadora y presidenta de la Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana, trabajé en la defensa de los derechos de las personas en situación de movilidad humana, trabajo altamente reconocido que me llevó a ser elegida en 2009 como asambleísta representante de las y los ecuatorianos en Europa, Asia y Oceanía y reelecta para el periodo 2013-2017. Desde entonces hemos visibilizado el trabajo de las personas en situación de Movilidad Humana e incorporado la migración como eje transversal en más de 20 leyes aprobadas en la Asamblea Nacional.
