La vicepresidenta de la Comisión de los Derecho de los Trabajadores Betty Carrillo, subrayó que la voluntad de un trabajador no puede verse impedida por una resolución ministerial. Esto a propósito de que los inspectores del trabajo no califican los trámites de desahucio del sector público, sino hasta que las instituciones del sector público certifiquen a esa dependencia la existencia de partida presupuestaria y la disponibilidad económica.
La legisladora informó que esta inquietud le han transmitido al Ministro de Relaciones Laborales, en función de las demandas por parte de funcionarios públicos, en el sentido de que el desahucio es una acción de voluntad de terminar una relación laboral y esa voluntad que tiene ese trabajador no puede verse impedida por una resolución ministerial.
Añadió que esta voluntad viene acompañada del deseo de una jubilación, de poder terminar y ejercer un derecho legal que le asiste a cualquier persona.
Entre tanto Félix Alcívar, presidente de la Comisión, expresó que no hay disposición legal que impida a un trabajador ni a un empleador, aplicar la figura jurídica del desahucio para terminar la relación laboral, que constituye un mecanismo legal jurídico único para notificar la decisión, su voluntad de no querer trabajar más y, por tanto, "nadie puede obligar a seguir trabajando en una empresa pública o privada si esa no es la voluntad".
Precisó que pueden presentarse casos en que los inspectores de trabajo, al archivar o negar un pedido de desahucio, caigan en el delito de prevaricato por faltar a la ley, porque la única facultad que otorga el Código al inspector del trabajo frente a una solicitud de desahucio es su calificación y notificar a la otra parte; si van más allá, irían contra la ley.
El Ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas, señaló que un trabajador tiene derecho de presentar su renuncia a través de un trámite de desahucio que es una acción de voluntad y la entrega de la solicitud de la terminación de la relación laboral a su empleador a través del Ministerio, a la vez que explicó que el problema se origina cuando la entidad pública no tiene presupuestado un monto de desahucio, porque genera el pago de una bonificación desde el 25% de la última remuneración por cada año de servicio.
Indicó que el pago de la bonificación no puede estar presupuestado, porque no se sabe cuántas personas renunciarán. Dijo que los directores financieros de las entidades del sector público se niegan a pagar basados en que no está presupuestado, o no existe la respectiva certificación presupuestaria, ya que realizar un pago fuera del presupuesto genera una glosa y que en los casos de invalidez y enfermedad catastrófica se tiene prioridad inmediata para su pago.
Por último no descartó dialogar con el Ministerio de Fianzas en el sentido de establecer una normativa o reglamentación que dé tranquilidad a todos los trabajadores.
Betty Carrillo, Mujer de izquierda, enamorada de la libertad y la justicia social. Decidida a ser participe del cambio positivo en la historia del Ecuador, Actual Asambleísta por la Provincia de Tungurahua, na..
