A medidos de este mes, la Comisión de Derechos Colectivos que integra el Asambleísta José Véliz, presentará el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Creación de los Consejos de Igualdad, que a través de esta normativa se crean cinco consejos: de Género; Intergeneracional; Pueblos y Nacionalidades; Discapacidades y Enfermedades Catastróficas; y, de Movilidad Humana. Al interior de la Comisión se analizaron las propuestas de las distintas organizaciones, tanto de mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores y se recogieron algunas de las propuestas, con la finalidad de garantizar a los ciudadanos sus derechos, al sostener que durante la socialización y debate de este tema se presentaron algunos nudos críticos.
Por ejemplo: si el Ejecutivo debe encargarse de las políticas públicas dentro de los consejos para la igualdad; así como el mínimo y máximo de representantes de participación ciudadana y de los colectivos para la conformación de los consejos.
Uno de los temas que no se pudo resolver al interior de la Comisión se refiere a las competencias que tendría la Defensoría del Pueblo, para que sea garante de los derechos que se vulneren en caso de género, intergeneracional y movilidad humana, lo cual se incluiría en una de las transitorias.
Ésta es una propuesta esperada por varios sectores y organizaciones sociales, porque reivindica derechos y es hora que se hagan realidad.
Los Consejos Nacionales para la Igualdad deben formular, transversalizar, observar, hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de las políticas públicas para la igualdad, en coordinación con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la prevención, protección y restitución de derechos en todos los niveles de gobierno; establecer procedimientos justos, efectivos y oportunos para la denuncia y sanción de todas las formas de discriminación y violencia.
También definir observaciones y recomendaciones para que, a través de los organismos estatales competentes, se dé cumplimiento a las obligaciones y al respeto de los derechos consagrados en la Constitución, tratados internacionales y demás leyes vigentes; construir de forma participativa con los consejos consultivos y ciudadanía las agendas para la igualdad en el ámbito de su competencia, a fin que se integre al Sistema Nacional de Planificación.