LO QUE GENERÓ LA PROPUESTA La propuesta de este gobierno de conservar el petróleo bajo tierra buscó dar respuesta a la conservación del Parque Nacional Yasuní, y a la vez contener los 400 millones de toneladas de CO2 que habría significado el uso de ese combustible en la atmósfera del planeta. Esta iniciativa se enfrentó a la falta de compromiso de las grandes potencias para reducir las emisiones de CO2 ; y, al interés del capital transnacional en el negocio del petróleo. La negación a nuestra propuesta demuestra la doble moral de las grandes potencias. Sin embargo, en el camino la propuesta construyó una conciencia social interpeladora de los jóvenes y de otros sectores de la sociedad; por ello, hay que mantener la actitud de escucha y reflexión frente a esas voces que concuerdan con mantener el ecosistema, sustento de la vida. LA OPORTUNIDAD La posibilidad de explotar el petróleo del Parque Nacional Yasuní ITT se nos presenta como una responsabilidad y oportunidad para el proyecto político. Por ello, desde todos los frentes debemos dar respuesta. Desde la Asamblea, la decisión del legislativo debe colocar en este nuevo escenario algunos temas programáticos fundamentales del proyecto. Por otro lado, posicionar el proyecto político significa posicionar un discurso. Y ese discurso es la soberanía. Es decir, decidir a favor para que los ingresos contribuyan a resolver nuestras necesidades: pagar la deuda social, a equilibrar la balanza comercial, al ingreso de divisas, a generar mayor cantidad de dólares frescos para la economía. Entonces, “extractivismo para salir del extractivismo” significa transitar hacia una sociedad del conocimiento (recursos ilimitados). LO QUE ESTÁ EN DISPUTA: En este contexto, es fundamental dejar claros los principales ejes de la disputa. Los recursos que antes servían para pagar la deuda externa, se quedaban en manos privadas o en paraísos fiscales, hoy son del Estado ecuatoriano y la propuesta es garantizar un manejo soberano del crudo físico, para ello la empresa estatal tendrá tecnología de punta, con los más altos estándares de producción y mitigación de impactos ambientales. Luego, la consigna es petróleo extraído, petróleo procesado. Avanzar en la industrialización del crudo es avanzar a la superación de la pobreza y las inequidades; sin perder de vista que a ello hay que acompañar acciones para liberarnos de instrumentos como tratados comerciales que limitan la soberanía. Debemos enfatizar en que la extracción no elimina el carácter ambientalista de la decisión, porque se mantiene el Parque Nacional Yasuní, se fortalecen sus controles y las políticas nacionales de sostenibilidad dentro en el marco del Buen Vivir: cambio de la matriz energética, cambio de los patrones de consumo de energía de la ciudadanía. El reto también es es limitar las fronteras desarrollistas que lo amenazan. Sobre el destino de los recursos, no hay que perder de vista que deben ser orientados también para combatir la deforestación, cambiar la matriz energética, garantizar educación, salud y la construcción de una sociedad del conocimiento. Un elemento importante de la decisión es que la explotación del petróleo en esta zona apalanca otros ingresos. No solo son los 18.000 millones del Yasuní ITT y 4.000 del Bloque 31, sino lo que eso garantiza, es decir, inversión pública, acceso de pequeños y medianos productores a las compras públicas, capilaridad de los recursos en los territorios. Debemos hablar también de construir un Pacto Territorial para la inversión de los recursos, es decir, priorizando los territorios de la Amazonía en donde mas desigualdades se presentan en infraestructura básica para el cumplimiento de los derechos del Buen Vivir, pero también colocarnos metas como cubrir al menos al 95% de la población con la dotación de servicios básicos. La responsabilidad de los GADs será un elemento importante de este Pacto. Por otro lado, los recursos impulsan la democratización de la estructura de propiedad (público y economía popular y solidaria). Eso significa, recursos no sólo para el recambio de las elites sino para democratizar el acceso a la propiedad y la incorporación de los actores asociativos como proveedores de Estado. Porque los recursos que el Estado invierta en ellos permitirá el impulso de la producción y productividad de los pequeños y medianos actores, la detención de la frontera agrícola y la tala ilegal de bosques Zona intangible: Hay que respetar la disposición del Art. 57 de la Constitución de la República (intangibilidad y prohibición de actividades extractivas en territorios que habitan los pueblos no contactados). Pero sobre todo hay que preservar la vida y cultura de los pueblos en aislamiento voluntario. La declaratoria de interés nacional (Art. 407 CR) no podría hacerse si hay indicios de que por dichazona transitan dichos pueblos. Además, no hay que perder de vista que la Constitución dice que en caso de duda se debe actuar en función de lo que sea más favorable a la plena vigencia de los derechos. Finalmente, en torno a las consultas hay que puntualizar que hay tres tipos de consulta: Prelegislativa, que para este caso no aplica, pues no es ley sino un acto legislativo denominado Declaratoria de Interés Nacional. La Consulta Popular que la encausan las organizaciones sociales y es la avalada por la ciudadanía. Y la Consulta Previa, que la aplicaría el Ejecutivo cuando este inicie operaciones en los territorios. Si el escenario político se complejiza la Asamblea Nacional o el Ejecutivo podría llamar a consulta ratificatoria de la decisión que se adopte en la legislatura. Esto permitiría el debate sobre las tesis contenidas en dicha decisión. En definitiva, el proyecto de la Revolución Ciudadana debe mantener su sur con la adopción de esta medida que permitirá contribuir a instaurar aquel régimen económico que señala nuestra Constitución: justo y solidario, y sobre el, la construcción del Buen Vivir mediante el cumplimiento de los derechos de nuestra gente en equilibrio con la naturaleza.
