Una vez que la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado Andrade, notificó ayer, a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juana Miranda, con el inicio del juicio político propuesto en su contra por el asambleísta Marco Murillo, acusándola de incumplimiento de sus funciones, arrancó el plazo para que ésta ejerza su derecho a la defensa y que el proponente aporte con pruebas que sustenten sus afirmaciones.
Las acusaciones se fundamentan en la falta de organización de las comisiones ciudadanas de selección para designar a los miembros del Consejo de la Judicatura; la no designación de los miembros del Consejo de la Judicatura dentro del plazo establecido en la Constitución.
En el caso del nombramiento de los superintendentes de Bancos y de Compañías, según la acusación, habría existido violación de normas constitucionales, por cuanto no verificó el cumplimiento del principio de interculturalidad en la conformación de las respectivas ternas enviadas por el Presidente de la República, pues ninguno de los postulantes representa a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio del Ecuador.
El asambleísta Murillo subrayó que el inoperante ejercicio del poder ciudadano ha permitido la prórroga de la Judicatura, sin compromiso con la misión institucional, a más de la designación de jueces y altos funcionarios de las cortes sin concurso de méritos y oposición.
Una vez que las partes soliciten las pruebas testimoniales, la Comisión de Fiscalización y Control Político establecerá el calendario de comparecencias.
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