La Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 140 de la Constitución, tiene 30 días de plazo, es decir hasta el 17 de abril, para aprobar, modificar o negar el proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria, enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica, mismo que tiene por objetivo instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de pequeños comerciantes, sector asociativo, cooperativista, comunitario y a las unidades económicas populares, a fin de que alcancen el buen vivir establecido en la Constitución.
Según el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para el caso de un proyecto de ley, calificado de urgencia en materia económica, las comisiones especializadas dentro del plazo de 10 días deberán presentar el informe con las observaciones que juzguen necesarias introducir. Dentro del referido plazo los ciudadanos que tengan interés en este proyecto acudirán al organismo legislativo a dar sus criterios.
La economía popular y solidaria se ha expresado en modalidades organizativas diversas a lo largo de la historia, tales como los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas, talleres artesanales, redes de finanzas populares y solidarias, recordando que todas estas formas, han surgido espontáneamente y anticipándose a la existencia de la norma jurídica que las regule. Todas estas organizaciones aportan al desarrollo del país y sus localidades, generando empleo e ingresos y, en el caso de las de ahorro y crédito, reúnen cerca del 12% del ahorro nacional, o en las de transporte que aglutinan el 90% de esta actividad, por lo que es necesario impulsar una política pública dirigida a su fortalecimiento organizacional primero e institucional luego, señaló el Mandatario.
Dijo que tanto el sector de la economía popular y solidaria como el de las finanzas populares y solidarias, deben ser tratados estratégicamente y dotados de un ordenamiento normativo específico y adecuado a su dinámica, que reconozca su naturaleza y lógica de organización y funcionamiento diferentes a las formas empresariales del sector privado, y, por tanto, se supere su subordinación a la lógica del capital que es como han venido funcionando hasta la fecha.
La propuesta reconoce, fomenta, fortalece y protege la economía popular y solidaria; norma la constitución, organización, funcionamiento y extinción de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley; instituye el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones sujetas a esta ley; y, establece la institucionalidad pública encargada de la rectoría, regulación, control y acompañamiento.
La razón primordial para la formulación del proyecto, es cubrir la necesidad de soluciones jurídicas que permitan superar inequidades y romper ciertos paradigmas que se han ido consolidando durante la vigencia de la economía de mercado, soluciones previstas, dentro de un marco institucional encargado de fortalecer al sector y su integrantes, buscando garantizar el goce de los derechos previstos en la Constitución y consolidando la economía popular y solidaria como modelo que permita lograr el buen vivir de la sociedad en su conjunto.
JLVN/pv
