En el marco de la sesión 79 del Pleno, en que se debatió en primera el proyecto de reformas al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, asambleístas de distintas tendencias políticas coincidieron en que el incremento de penas es necesario como medida para contrarrestar el alto índice delincuencial que vive el país, pero que esta no sería la solución inmediata al problema de la inseguridad.
Para Sociedad Patriótica, está bien proponer reformas en el ámbito penal para establecer normas que contribuyan a combatir la delincuencia, porque esta agrupación política comparten la opinión de la mayoría de los ecuatorianos, que se manifiesta a favor de la acumulación y el endurecimiento de penas, como mecanismo que permita recuperar la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía.
Mientras el Partido Renovador Institucional Acción Nacional, PRIAN, reconoció que el problema de la inseguridad no está solamente en el plano de lo legal, pues existen disposiciones claras para combatir el delito, no obstante, hay una serie de factores relacionados, entre ellos, la desinstitucionalización de la administración de justicia, entendida no solo desde los jueces y tribunales, sino los fiscales y la policía judicial, que no han cumplido a cabalidad con su rol de atender en forma oportuna las demandas de la población.
A criterio de PAIS el tema inseguridad parte de una realidad de carácter estructural, que no se resuelve únicamente con una visión represora, sino mediante políticas públicas encaminadas a superar la pobreza, la marginalidad, la exclusión social, dejando de lado las prácticas neoliberales que privilegiaban la acumulación del capital, sin que los gobiernos de turno se hayan preocupado por atender las necesidades sociales. A esto se suma, la actuación deshonesta de determinados jueces que se han vendido al mejor postor.
Entre tanto, Alianza Libertad formuló un llamado para que este debate sea la oportunidad propicia para dejar de lado rencillas políticas y posiciones demagógicas, a fin de que se dé al país un conjunto de reformas legales que contribuya realmente a la solución de la inseguridad en que se encuentra sumida la ciudadanía.
Los asambleístas de Madera de Guerrero, en cambio, reiteraron que las encuestas nacionales sobre si el pueblo está de acuerdo con incrementar las penas hasta 50 años para los delitos atroces como violación, asalto, secuestro, con muerte de la víctima; la acumulación de penas; y, la eliminación de la caducidad de la prisión preventiva reflejan un criterio mayoritario favorable a estas reformas, que no se recogen en la propuesta del Ejecutivo, por lo que sería oportuno se convoque a un referéndum para que el soberano decida entre el planteamiento gubernamental y una propuesta alternativa que recoja el criterio de los ciudadanos.
Al cierre de esta primera jornada del debate de las reformas penales, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, suspendió la sesión, misma que se reinstalará oportunamente, para escuchar las observaciones que formulen 35 legisladores inscritos.
EG
