Asambleístas de diversas tendencias políticas coincidieron en que es necesario investigar lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010, a fin de sancionar a los autores, cómplices y encubridores de este hecho, que fue calificado como vergonzoso y terrible, porque se agredió a un Jefe de Estado, a parlamentarios; hubo insubordinación policial, caos general en todo el país; y, fue un día donde los fusiles dispararon al pueblo ecuatoriano, dando lugar, con el saldo trágico de cinco personas fallecidas.
Durante el debate, se evidenciaron dos posiciones claramente definidas: un sector para el cual si hubo un intento de golpe de Estado y, otro, que consideró que se produjo una insubordinación policial, debido a la inconformidad frente a la perdida de ciertos derechos económicos de los efectivos policiales y militares, con la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Servicio Público.
Plantearon la necesidad de crear una comisión multipardista que analice los hechos del 30S o, a su vez, dejar en manos de un organismo internacional, como la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Organización de Naciones Unidas (ONU), a fin de que las indagaciones sean totalmente imparciales.
Expresaron su solidaridad con los familiares de los fallecidos en ese fatídico día. Señalaron que, más allá de seguir hablando de un supuesto golpe de Estado, urge determinar quiénes son los responsables de la sublevación policial, donde también se confabularon los poderes fácticos con la partidocracia para afectar al sistema democrático.
Algunos asambleístas recordaron que el informe de las Fuerzas Armadas es de alta credibilidad y refleja la verdad, y en él los generales dicen claramente que no hubo intento de golpe de Estado, sino una actitud de paralización e inconformidad.
En cambio, otros parlamentarios insistieron que el 30S varios ciudadanos y los propios asambleístas fueron sometidos a vejámenes, por lo que consideraron oportuno aprobar un proyecto de resolución para que se investigue, se llegue a la verdad de los hechos y se establezcan sanciones a los autores, cómplices y encubridores.
En la sesión 125 del Pleno, intervinieron 22 asambleístas. El primer Vicepresidente de la Asamblea, Juan Carlos Cassinelli, encargado de la sesión, suspendió la misma.
JLVN/eg
