Asambleístas de las diversas bancadas legislativas resaltaron la decisión del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, de incluir en la agenda una comisión general para debatir sobre la consulta popular planteada por el Ejecutivo, orientada a enmendar la Constitución y a conocer criterios de la ciudadanía respecto de temas como la creación de un Consejo de Comunicación, la muerte de animales por diversión y la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito en el sector privado, entre otros.
Si bien se trata de una temática de gran trascendencia, que a la vez genera polémica, los ecuatorianos esperan de la Legislatura una contribución seria en el análisis de este llamado a consulta, por lo que, si bien se puede discrepar en lo ideológico y lo político, lo fundamental es debatir con altura y respeto absoluto de las opiniones ajenas, subrayó Cordero.
En este marco, la bancada de PAIS resaltó que la consulta popular se sustenta en la vía constitucional y legal, ya que es potestad del Presidente de la República convocar al pueblo para que se pronuncie sobre temas que considera de trascendencia. “No hay que temerle al pueblo, cuyo pronunciamiento es la base de la autoridad”.
Según este grupo parlamentario, el objetivo es cambiar una estructura caduca de la Función Judicial que no ha sabido responder a las demandas de la ciudadanía, consagrando la impunidad -sobre todo de los grupos poderosos-, aplicando sanciones severas a los pobres, aquellos que no tienen los recursos suficientes para defenderse, por ello, la consulta pretende mejorar de raíz la administración de justicia, convirtiéndola en justa y equitativa.
Ahora vivimos una revolución democrática y la participación activa de la ciudadanía en las urnas es fundamental para orientar las soluciones a los graves problemas que afectan al país, porque es el soberano quien debe ser el forjador de su destino.
Entre tanto, legisladores de las bancadas del PRIAN, Alianza Libertad, PSP, Madera de Guerrero, PK, Concertación Democrática y MPD, enfatizaron en que la consulta popular es un mecanismo legítimo de participación ciudadana, sin embargo, el contenido de las preguntas contraviene normas constitucionales y legales, a la vez que violenta derechos y garantías establecidos en la Carta Magna.
Indicaron que existe una confusión respecto de lo que establecen los artículos 441 al 444 de la Constitución, en los cuales más bien se pone límites para su reforma, por lo que hoy por hoy se pretende legislar bajo el mecanismo de un plebiscito, soslayando el rol de la Asamblea, es decir, que el Ejecutivo incurriría en arrogación de funciones, que es la primera causal de destitución, pues por la vía del referéndum se busca cambiar la estructura del Estado, metiéndole la mano en el Consejo de la Judicatura. Todo ello hace de la consulta un proceso inconstitucional e ilegal.
Igualmente, señalaron que las preguntas tienen una clara inducción al voto, ya que de manera ilegítima se antepone un propósito con el cual nadie puede estar en desacuerdo, conminándole al votante a dar una respuesta positiva y además adolecen de errores conceptuales incluidos en los anexos.
No defendemos el estado actual de la administración de justicia, pero las preguntas no están orientadas a solucionar el problema estructural que aqueja a esa función del Estado, aseveraron.
La vicepresidenta de la Asamblea, Irina Cabezas, suspendió la sesión hasta las 15:30, a fin de continuar con la intervención de los asambleístas inscritos para el debate.
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