El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite otro juicio político contra la ex superintendenta de Bancos, Gloria Sabando. El pedido fue planteado por el Movimiento Popular Democrático (MPD) y será sustanciado por la Comisión de Fiscalización, según informó la asambleísta Lourdes Tibán, integrante del organismo legislativo.
Como se recuerda, con el respaldo de 33 firmas de los asambleístas de PAÍS, MPD, PK, PSP, AL, CN, PRE y PSC, los legisladores Jorge Escala y Línder Altafuya presentaron el pedido de juicio político a la ex superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando García, a quien le acusan de incumplimiento de funciones al no exigir las obligaciones que tienen los seguros médicos privados y el cobro de las deudas del gobierno que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Los acusadores sostienen que la funcionaria infringió el artículo 213 de la Constitución, así como los artículos 306 y 308 de la Ley de Seguridad Social; y, el 180, literal b) de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y que con ello afectó a más de un millón 600 mil afiliados al IESS y más de 200 mil jubilados.
Línder Altafuya aseguró que la Superintendenta no realizó ninguna acción para que se cumpla el convenio de pago suscrito entre el Gobierno y el IESS, a fin que se efectivice el pago del déficit actuarial, que hasta el año 2003 se calculaba en 3 700 millones de dólares.
También manifestó que Gloria Sabando permitió que las autoridades del IESS infrinjan la Ley de Seguridad Social en contra de los afiliados y jubilados, respecto a la deuda del régimen por concepto de aportación del 40% de las pensiones jubilares que hasta diciembre de 2009 superaban los 800 millones de dólares.
Por su parte, Jorge Escala dijo que la ex Superintendenta de Bancos, no obligó el pago de las deudas que mantenían las compañías aseguradoras que debían cancelar la contribución destinada (retención del 5%) al seguro social campesino que llegaría a 17 millones de dólares.
De conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización tiene cinco días para avocar conocimiento de la solicitud y verificar que cumpla lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución, caso contrario archivará.
Si califica a trámite, notificará a la ex funcionaria sobre el inicio del mismo, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de 15 días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes.
De igual forma, notificará a los asambleístas solicitantes, para que en un similar plazo presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones.
La Comisión de Fiscalización y Control Político por decisión de la mayoría de sus integrantes podrá solicitar pruebas de oficio.
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