El primer Mandatario, Rafael Correa Delgado, remitió a la Asamblea Nacional la solicitud para que autorice la denuncia de los convenios suscritos por el Ecuador con la República Francesa, el Reino de los Países Bajos y el Reino de Suecia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
El Ejecutivo precisa que dichos tratados contienen cláusulas contrarias a la Constitución y lesivas para los intereses nacionales, como la de someter al Estado ecuatoriano a arbitrajes internacionales para la solución, en caso de conflictos relativos a dicho convenio, desconociendo la jurisdicción ecuatoriana.
Argumenta, también, que los tribunales arbitrales a los que estos documentos obligan a someter jurisdiccionalmente al Ecuador, a resolver controversias entre compañías extranjeras y el Estado ecuatoriano, no toman en cuenta el derecho ecuatoriano, sino que valoran peculiarmente el concepto de “inversión”, llegando a inobservar el ordenamiento jurídico nacional cuando consideran que las medidas legislativas tomadas por la República del Ecuador han sido "arbitrarias" o "discriminatorias".
Para tal efecto, el presidente Correa adjunta los respectivos dictámenes de constitucionalidad emitidos por la Corte Constitucional.
Tales informes manifiestan la necesidad de garantizar la vigencia plena del Art. 422 de la Constitución, que establece: “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.
Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de Ia controversia…”
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en los próximos días, iniciará el análisis de estas solicitudes.
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