Una comitiva de líderes, dirigentes, ancianos, mujeres y niños del pueblo de Sarayacu, en rueda de prensa, solicitó a la Comisión de Derechos Colectivos haga un seguimiento del proceso que lleva adelante la Corte Interamericana de Derechos Humanas, por la violación de sus derechos humanos.
José Gualinga, presidente de la comunidad Sarayacu, indicó que del 2 al 5 de julio, en San José de Costa Rica, está prevista una audiencia convocada por la Corte Interamericana, antes de dictar su sentencia definitiva, a fin de que testifiquen de manera oral con los peritos la serie de violaciones que ha ocasionado la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina, en lo que tiene que ver con sus derechos humanos, así como el derecho a la vida, a sus sistemas de vida espiritual y a la selva viviente.
Recordó que en 1996, el Estado ecuatoriano concesionó el bloque 23 que afecta al 60% del territorio del pueblo originario de Sarayacu y por más de ocho años ha expresado su rechazo al ingreso de la actividad petrolera en su territorio, fundamentado en los enormes impactos negativos que dicha actividad provoca en su territorio, en la calidad de vida de sus miembros, en su forma de vida y opciones de desarrollo, en el ambiente amazónico, en la paz social y en la vida e integridad de sus miembros.
Explicó que en el 2002 y 2003 la compañía CGC ingresó reiteradamente al territorio, sin autorización y contra la voluntad del legítimo propietario, para realizar investigaciones sísmicas altamente destructivas.
Indicó que según información oficial del Ministerio de Energía, existen 476 puntos dentro del territorio de Sarayacu y el territorio Achuar, en donde la empresa CGC colocó, sin conocimiento de los afectados, cargas de entre tres y cinco kilogramos de pentolita, un explosivo de alto poder destructivo, sembrados a 12 metros de profundidad y una cantidad no determinada en la superficie de la selva sagrada de Sarayacu, en sus lugares de caza, en sitios donde niños y jóvenes transitan en busca del sustento.
Estos alegatos orales, peritajes y testimonios ante los jueces de la Corte Interamericana serán dados a conocer antes de la sentencia definitiva.
Dijo que la sentencia será de obligatorio cumplimiento para el Estado ecuatoriano y sentará un precedente de alcance continental sobre el ejercicio de los derechos indígenas como el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, por lo que reiteró su pedido al organismo legislativo a fin de que estén pendientes de este proceso.
JLVN/pv
