33 extrabajadores del Gobierno Autónomo de la provincia de Bolívar acudieron a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, presidida por la asambleísta Scheznarda Fernández, para solicitar que interponga los buenos oficios para que la liquidación que deben recibir se ajuste a lo que establece el Mandato Constituyente 2, artículo 8, argumentando que pretenden entregarles apenas cuatro mil dólares.
El mencionado artículo determina que el monto de la indemnización por supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de los funcionarios, servidores públicos y personas docentes del sector público, con excepción del perteneciente a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, será de hasta siete salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de 210 salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado. Para el efecto, las instituciones del sector público establecerán, planificadamente, el número máximo de renuncias a ser tramitadas y financiadas en cada año debiendo, para ello, realizar las programaciones presupuestarias correspondientes, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, de ser el caso.
En representación de este grupo, el asambleísta Hólger Chávez, señaló que los 33 exfuncionarios del Consejo Provincial de Bolívar, decidieron acogerse a la jubilación, unos habían laborado 30 años y otros 45 años, pero, les liquidaron con una indemnización de cuatro mil dólares, sin acatar la disposición del Mandato Constituyente 2, en su artículo 8, por lo que piden a la Inspectoría del Trabajo revise lo resuelto por la corporación provincial.
Al momento, existe una acción del Juzgado de Trabajo de Guaranda y en la sentencia, de primera instancia, se niega el derecho a que se les pague conforme lo establece el Mandato 2, por lo que pidió a los comisionados que requieran la información sobre este caso al prefecto de Bolívar, Carlos Chávez de Mora y a la Inspectoría del Trabajo, a fin de que explique las causas en las que se fundamentó para incumplir este derecho de los extrabajadores.
Lo mismo va a ocurrir con 10 trabajadores que están en camino de salir de esta institución, dijo el parlamentario al solicitar a los integrantes de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores que estén vigilantes para que la liquidación respete la normatiova constitucional y legal vigente.
La comisión resolvieron pedir a la Dirección Nacional del Trabajo la intervención en este caso, a fin de que la Inspectoría del Trabajo de Bolívar dé explicaciones sobre este tema. También requerirán información al Consejo Provincial de Bolívar.
Plan de Trabajo
En otro orden, la titular del organismo legislativo, Scheznarda Fernández, informó a los comisionados que al momento existen 46 pedidos de distintas organizaciones y agrupaciones sociales quienes para que intervenga en virtud de que han sido vulnerado sus derechos de trabajo.
Dio a conocer que en la comisión está pendiente la revisión y análisis de cuatro proyectos de reforma a la Ley de Seguridad Social, relacionados con el trabajo doméstico no remunerado; así como, el proyecto de reformas al Decreto Ley de Jubilación Especial para los Trabajadores de la Industria del Cemento; el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social a favor de quienes laboran en condiciones insalubres.
También, está pendiente el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, relativo al Seguro Campesino; el proyecto de Ley que crea el fondo social y económico del jubilado y tercera edad del IESS, temas que serán analizados en los plazos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
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