La Comisión del Régimen Económico y Tributario, presidida por Francisco Velasco Andrade, realizó el primer Foro de Socialización del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, remitido por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica, encuentro en el que se abordaron temas relacionados con los monopolios y el abuso de poder de mercado.
El objetivo fundamental es reconocer qué es el abuso de poder de mercado; cómo controlarlo; si existen abusos de poder de mercado por parte de los monopolios en el país; y, cuáles deben ser las sanciones a prácticas desleales.
Al inicio de esta reunión de trabajo, el primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Cassinelli, al dar la bienvenida a quienes se interesan por el proyecto urgente de Regulación y Control del Poder de Mercado, subrayó que la Comisión que lleva adelante la socialización tiene todo el apoyo del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para desarrollar este foro y los que sean necesarios para que la ciudadanía participe con sus inquietudes respecto de la propuestas del Ejecutivo.
Entre tanto, el titular de la Comisión 3, Francisco Velasco, agradeció a todos quienes se dieron cita al recinto de la democracia y están interesados en el análisis de este proyecto que viene trabajando la Comisión de Régimen Económico. Recordó que en Ecuador no hay una ley que regule el poder del mercado, pues aquí funciona la ley de la selva, por ello es importante que contemos con un cuerpo legal que regule la competencia en el mercado, dijo.
De su lado, Diego Martínez, subsecretario de la Senplades, aseguró que el proyecto económico urgente es de vital importancia para el desarrollo del país, porque se enfrenta a uno de los principales problemas que aquejan a la economía ecuatoriana, como es la concentración del poder de mercado.
Indicó que esta normativa protege a los ciudadanos de los abusos del poder de mercado; garantiza a las empresas reglas claras y transparentes para competir en condiciones justas, y, a la vez, que sus logros se den por las virtudes y eficiencia y no por prácticas tramposas o desleales.
Añadió que, históricamente, el Ecuador ha sido un país con una economía altamente concentrada, es decir, el poder económico ha estado en muy pocas manos, lo que ha profundizado la inequidad y pobreza en la población.
Entre tanto, Mateo Villalba, subsecretario de Impresión Pública de la Senplades, dijo que la concentración, los monopolios y el poder de mercado están generando abusos y prácticas desleales en las cuales los mayores afectados son las familias ecuatorianas, al encontrar productos de mala calidad o precios excesivos. Por ello, Ecuador demanda una ley que regule los abusos del poder de marcado y la concentración económica.
Por su parte, Roberto Aspiazu, del Comité empresarial ecuatoriano, subrayó que en el proceso de elaboración del proyecto se incumplieron disposiciones constitucionales que garantizan la participación en la formulación de políticas públicas, constantes en los artículos 85, 95 y 96 de la Carta Magna.
Manifestó que la ley debe propender a organismos autónomos de competencia que regulen y sancionen, con independencia del factor político, pues el artículo 33 hace una delegación a la Función Ejecutiva para que, a través del Reglamento General, disponga la conformación de la Junta Regulatoria; dicha integración debería ser parte de la legislación que corresponde a la Asamblea Nacional. A su vez, dijo, el Superintendente dispone de muchos poderes para sancionar, multar, incluyendo la adopción de medidas preventivas.
Agregó que el proyecto de ley debería ser conocido por la vía ordinaria, a fin de tener el tiempo suficiente que requiere una materia tan delicada.
De su lado, María Rosa Fabara, vicepresidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones de Producción, pidió clarificar qué ley se aplicará solo para las conductas cuyos efectos se produzcan exclusivamente en el Ecuador y cualquier otro país fuera de la Región Andina, para no incumplir con la Decisión 608 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Indicó que se debe regular a los que pudieran afectar el mercado general, no el particular; que la facultad de evaluación no solo debe ser de la Superintendencia de Poder de Mercado; que las conductas desleales deben estar tipificadas en la ley como infracción, pero las mismas no pueden ser ejemplificativas; que se debe proteger la competencia en el mercado, no a un operador en particular.
De su lado, Pablo Dávila, de la Cámara de Industriales de Pichincha, pidió excluir o limitar los sectores estratégicos, es decir, señalar con exactitud qué áreas son susceptibles de restricciones (monopolios naturales); definir o eliminar la restricción a favor de los operadores de la economía popular y solidaria, al enfatizar que los principios de competencia deben regir en el sector privado, así como también en el público.
El acto se desarrolló en el Salón del Exsenado, de la Asamblea Nacional. Para socializar este cuerpo normativo con la ciudadanía, se estableció un enlace virtual con las casas legislativas de Napo, Tulcán, Cuenca, Babahoyo y Riobamba, donde los interesados participaron dando sus propuestas y observaciones al proyecto económico urgente.
En esta reunión de trabajo, que concluyó a las 20:00, intervinieron, además, Zobeida Gudiño, integrante de la Comisión de Régimen Económico; Rodrigo Aucay, de la Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador; Vicente Albornoz, director general de la Corporación de estudios para el desarrollo; Juan Sebastián Araujo, subsecretario de competencias del Ministerio de Industrias y Productividad; y, Marcelo Bodero, asesor legal de la Cámara de Industrias de Guayaquil.
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