De conformidad con lo aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el 21 de marzo se declaró Fiesta Cívica, sin derecho a vacación, para conmemorar el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”.
En este marco, la asambleísta Scheznarda Fernández, al referirse sobre este tema señaló que el racismo es una violación de los derechos y de la dignidad humana; sin embargo es un problema de nuestra sociedad y al que se enfrentan millones de personas en el mundo.
Afirmó que a nivel mundial muchas personas consideradas "diferentes" han sabido triunfar en la vida y han dejado un legado de perseverancia, solidaridad y honestidad, por lo que presentó su saludo a todas las personas que luchan por hacer respetar sus derechos, por quienes trabajan día a día dignamente y que, permanentemente, recuerden que son ejemplo de lucha y libertad para todos nosotros.
Como se recuerda, la Asamblea exhortó a las demás Funciones del Estado y a la ciudadanía a ejecutar acciones y actividades necesarias, tendientes a erradicar la discriminación racial, ya que se constituye en una negación de los derechos humanos fundamentales, así como de la justicia y la dignidad humana y representa un obstáculo para la paz.
Además hizo un llamado a los ministerios de Educación, Relaciones Laborales, Gobierno, Policía y Cultos y Defensa Nacional para que dicten en todos los planteles educativos, instituciones públicas, repartos militares y policiales conferencias alusivas al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, sobre la base del plan plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural.
Nuestra Constitución garantiza, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Carta Magna, los instrumentos internacionales y en particular la educación, salud, alimentación, seguridad social y el agua para sus habitantes. En su artículo 34, establece que el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios recogidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y prioriza su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de disigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.
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