El legislador Marco Murrillo Ilbay, Alianza Libertad, anunció que en las próximas horas oficializará un juicio político en contra del exministro del Interior, Gustavo Jalkh, “por ser el principal responsable de los hechos del 30 de septiembre de 2010”.
Murillo rechazó enérgicamente la sindicación de varios ciudadanos de su provincia, que son, especialmente, docentes y funcionarios de la Universidad Nacional de Chimborazo, por haber supuestamente organizado marchas el 30 de septiembre de 2010.
Por qué personas honestas como Aníbal Oleas, Luis Carvajal, Lola Maldonado, entre otros, catedráticos y funcionarios universitarios, tienen que pagar todos los errores de un ministro que no supo controlar, por la vía del diálogo, una inconformidad salarial, tal cual lo determinan los propios informes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, preguntó.
Dónde estuvo la inteligencia policial y militar para decirle al Presidente de la República que no vaya al cuartel del Regimiento Quito, donde se daban protestas, dijo al reiterar que, a la brevedad posible, oficializará el juicio político a Jalkh, para que respondan los que verdaderamente son culpables del 30-S y no gente inocente.
Aníbal Oleas y Luis Carvajal expresaron que las autoridades de justicia no les han permitido presentar las correspondientes pruebas de descargo, en clara violación del debido proceso.
En tiempo record, sin que nos dieran oportunidad de defendernos, nos han sentenciado bajo la presunta acusación de que habríamos invadido las instalaciones de la Gobernación de Chimborazo el 30 de septiembre, cuando lo único que realizamos, en una planificación sistematizada, fueron marchas de protesta por la Ley de Educación, las cuales se implementaron durante un año, aseguraron.
Comentaron que ese día, 30S, coincidencialmente, acudieron, como se acostumbra en las provincias, a presentar las inquietudes a la primera autoridad de la jurisdicción, donde “nos recibió el gobernador encargado y dispuso al intendente de ese entonces para que nos haga pasar al salón principal. Allí no hubo ni se produjo ningún desmán, agresión atropello y peor alteración al orden.
Parece que con el triunfo de la consulta popular se sintieron fortalecidos e iniciaron una campaña de persecución contra personas, colectivos ciudadanos y organizaciones sociales, puntualizaron.
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