La presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, expresó la necesidad de que la Asamblea Nacional seleccione a los mejores nombres posibles para conformar el Consejo de la Judicatura de Transición, una vez que se proclamen los resultados electorales de la consulta popular del pasado 7 de mayo.
Insistió que espera que la Comisión se integre, al menos, con la participación de una mujer, pero lo central del tema no está en que sea hombre o una mujer, pues ese es uno de los factores, sino que se estructure a corto plazo y exponga un plan o una planificación al país.
La representante por la provincia de Pichincha se mostró contraria al planteamiento de la oposición en el sentido de realizar una especie de concurso, por cuanto la ciudadanía autorizó a la Asamblea delegar directamente a una persona, por tanto, esa idea está fuera de lugar y se eliminaría la responsabilidad política que tiene una designación; quien proponga los nombres para esa comisión tripartita tendrá que asumir también la responsabilidad política respecto de esa materia.
Asimismo, consideró como desastrosa la situación generada, en las dos últimas semanas, en el Consejo de la Judicatura, al cuestionar la actitud desordenada y caótica de Benjamín Cevallos, en respuesta a la primera resolución del juez Coba, quien está totalmente excedido en sus funciones.
Incluso, el doctor Cevallos, así sea el presidente del CJ, no podía decidir qué sentencias acoge y rechaza, más cuando, mediante sentencia, se le dispuso restituir a un juez, subrayó, al comentar que la participación del Ministerio del Interior en este caso ha sido de gran irresponsabilidad y equivocada.
Es de esperar que lo que quiera que venga para la Judicatura, la justicia y el Ecuador sea mejor, agregó, al precisar que el actual Consejo de la Judicatura cesará en funciones el momento que los resultados oficiales de la consulta se publiquen en el Registro Oficial.
De otro lado, enfatizó que el Pleno tendrá que debatir y resolver sobre los informes de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que no comparte la implementación de más comisiones especializadas permanentes.
MG/eg
