En la Comisión de Fiscalización, que tramita el juicio contra los miembros del Consejo de la Judicatura, el ministro de Justicia, José Serrano, aseguró que la mayoría del Consejo, encabezado por Benjamín Cevallos, cerró las puertas a la realización de los procesos de auditoría y evaluación de jueces de garantías penales y los fiscales, en cumplimiento de la disposición transitoria de la Ley Reformatoria al Código Penal y Procedimiento Penal, aprobada por la Asamblea.Recordó que el 29 de marzo de 2010 se estableció que el Ministerio de Justicia contrate una auditoría externa que debería presentar un informe detallado de la actuación de jueces y fiscales y que el 16 de noviembre, con las presencia de las principales autoridades judiciales del país, entre ellos Benjamín Cevallos, se ratificó tal convenio.
Mencionó que el 22 de febrero 2011, la Comisión de Mejoramiento del Consejo de la Judicatura autorizó a los expertos chilenos de la Universidad de Talca acceder a los datos para la auditoría, pero el 23 del mismo mes el Pleno dejó insubsistente esa decisión.
En todo caso, se ha podido acceder a la información respectiva a través de la Fiscalía General del Estado, que ha proporcionado todos los corespondientes expedientes del período 2005-2009, dijo, al cuestionar la negativa sistemática del Consejo para avanzar con este mandato legal.
Caducidades de la prisión preventiva
En otra materia, expresó que el Ministerio en el mes de mayo del año pasado inició una investigación sobre los procesos de caducidad de la prisión preventiva desde el 2007, determinando que existían 4.026 caducidades, de las cuales 3.864 se registran en la provincia de Guayas, 158 en Pichincha y 4 en Manabí.
Expresó que con fecha 28 de junio de 20010 se presentó una queja en contra de los más de 300 jueces que habían incurrido en tales caducidades, siendo los más visibles los jueces Aníbal Torres, 774; Esteban Arrellano, 621; María de Lourdes Jurado, 597; Gabriel Noboa Ycaza, 483; Belén Velásquez,189; y, Yolanda Sánchez, 140.
Sostuvo que la investigación que efectuó el Consejo de la Judicatura con la delegación de provincia de Guayas, estableció responsabilidades específicas que hubieren motivado la destitución de Aníbal Torres, sin embargo, en noviembre la mayoría del Consejo declaró la nulidad de las indagaciones, lo que facilitó que a semana seguida Torres presente su renuncia al Tribunal Penal del Guayas, haciéndose merecedor, así, a una indemnización o jubilación por cesantía de 42 mil dólares.
MG/pv
