El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Luis Morales Solís, luego de recibir al coordinador de la Veeduría a los contratos del ingeniero Fabricio Correa con el Estado, Pablo Chambers, para que exponga las conclusiones del informe presentado la semana anterior, formuló un llamado a la Fiscalía y la Contraloría, a fin de que inicien las acciones legales y administrativas que sean del caso, para salvaguardar los intereses de todos los ecuatorianos.
Subrayó que si del informe se determina que hubo perjuicio al Estado, los organismos de control están en la obligación de responder diligentemente para investigar las circunstancias en que se produjeron los hechos y sancionar a los responsables.
Entre tanto, el coordinador de la Comisión de Veeduría, Pablo Chambers, explicó que este organismo fue seleccionado y nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por pedido del propio Presidente de la República. Entregó al organismo parlamentario los soportes documentales y digitales del informe.
“El informe representa lo que hemos encontrado en la revisión de toda la documentación certificada remitida por las instituciones y organismos del Estado que estuvieron relacionados con la contratación de obras con empresas presuntamente vinculadas con el señor Fabricio Correa. Nosotros no somos jueces, no emitimos juicios de valor, sino que presentamos los hechos tal y como se produjeron”, añadió.
Chambers aseguró que más allá de las consecuencias del informe, si les proponen juicios o cualquier otra acción en contra de los veedores, los hechos seguirán allí, pues el trabajo que se desarrolló no tuvo tinte político alguno, sino que fue el pleno ejercicio de un derecho ciudadano, con absoluta responsabilidad.
EG/pv
