El pasado 6 de abril, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió a la Asamblea Nacional la solicitud de denuncia del Convenio entre los gobiernos de Ecuador y Canadá para el Fomento y la Protección Recíprocas de Inversiones.
Según el Ejecutivo, el instrumento contiene cláusulas contrarias a la Constitución y lesivas para los intereses nacionales, como las de someter al Estado ecuatoriano a arbitrajes internacionales para la solución en caso de conflictos relativos a dicho convenio, desconociendo la jurisdicción de nuestro país.
El Primer Mandatario argumenta que los tribunales a los que este tratado obliga a someter jurisdiccionalmente al Ecuador, al resolver controversias entre compañías extranjeras y el Estado, no toman en cuenta el derecho ecuatoriano, sino que valoran peculiarmente el concepto de “inversión”, llegando a inobservar el ordenamiento jurídico nacional cuando consideran que las medidas legislativas tomadas por la República del Ecuador han sido “arbitrarias” o “discriminatorias”.
Para evitar que situaciones como la expuesta sigan perjudicando a la nación y, en consecuencia, a sus ciudadanos, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 419 de la Constitución, corresponde a la Asamblea Nacional aprobar, previamente, la denuncia de los tratados internaciones, en caso de que atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a organismos internacionales o supranacionales, subraya el presidente Correa.
Dictamen de la Corte Constitucional
Para tal efecto, el Ejecutivo acompaña a su petición el dictamen previo y vinculante emitido por la Corte Constitucional, de fecha 7 de octubre de 2010.
El organismo establece que las disposiciones contenidas en los artículos XIII y XIV (13 y 14) del texto del “Convenio entre el Gobierno del Ecuador y el Gobierno de Canadá para el Fomento y la Protección Recíproca de Inversiones” no guardan conformidad con lo dispuesto en el artículo 422, primer inciso, de la Constitución.
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