A fin de establecer condiciones que permitan proteger, conservar, restaurar y utilizar, de manera responsable, el conjunto de nuestro territorio nacional, la asambleísta Lourdes Tibán, presentó el proyecto de Ley de Biodiversidad que establece los principios generales y las acciones legales, administrativas que salvaguarden la biodiversidad.
La propuesta crea la Defensoría de la Naturaleza adjunta a la Defensoría del Pueblo. Su estructura será descentralizada y tendrá delegados en cada provincia. Su función será precautelar los derechos de la naturaleza.
Prevé que la conservación de la biodiversidad se llevará a cabo conforme a los planes de acción formulados por el Ministerio del Ambiente y aprobados por la Autoridad Plurinacional de Biodiversidad y contará con la participación de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Se debe conservar los ecosistemas, especies silvestres, poblaciones, razas o variedades amenazadas o en peligro de extinción; flora, variedad de animales, reserva biológica, geobotánica, marina, ecosistemas frágiles: manglares, humedales; bosques, etc.
Determina que en las áreas naturales protegidas habrá restricciones de dominio y el Estado asegurará su intangibilidad por lo que prohíbe todo tipo de actividad extractiva y venta de servicios ambientales.
El proyecto declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas de conformidad con lo que establece la Constitución.
Entre otras sanciones se establece que el responsable de un daño a cualquier elemento de la biodiversidad deberá asumir el costo del 100% del valor de la restauración del daño ocasionado; quienes realicen actividades mineras, de extracción comercial de madera, forestación industrial, agricultura y ganadería intensiva, al igual que nuevas actividades petroleras en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, serán sancionados con una multa correspondiente a la magnitud de los daños, determinada por la Auditoría Ambiental, sin perjuicio de aplicar sanciones previstas en la Ley de Gestión Ambiental y en el Código Penal, así como el pago del 100% de la restauración ambiental.
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