Como respuesta al preocupante ambiente de inseguridad, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, prepara un conjunto de reformas penales para contribuir a la lucha contra el crimen organizado.
Las propuestas se refieren a la tipificación del delito de sicariato, establecer sanciones más enérgicas contra la usura, tráfico de influencias, normar la participación de menores de edad en la delincuencia, entre otros aspectos.
Los 15 proyectos, debidamente calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), son de iniciativa de los parlamentarios Abdalá Bucaram Pulley y Gabriela Pazmiño; Susana González, Leonardo Viteri, Mercedes Villacrés, Henry Cuji, Paco Fierro, Vicente Tainao, Guillermina Cruz, Mauro Andino, Cynthia Viteri, además del Presidente de la República y de la Fiscalía General del Estado.
Sicariato.- Existen planteamientos de reclusión mayor especial de 20 a 25 y de 25 a 35 años para el homicidio que se cometa por precio, promesa remunerativa, recompensa, dádiva, orden o cualquier otro medio fraudulento con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igual sanción recibirá el autor intelectual del hecho o contratante, el cómplice y el encubridor.
Así también que los miembros de la Policía y Fuerzas Armadas que incurran en este delito sean procesados y sancionados por la justicia ordinaria y con el Código Penal vigente.
Usura.- Según las propuestas, será reprimido con la pena de reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 100 salarios básicos unificados el que se dedicare otorgar préstamos con intereses usurarios; también recibirá estas penas el que encubriere con otra forma contractual, la realidad de un crédito usurario.
Tráfico de influencias.- Se sugiere que toda persona que mediante el ofrecimiento de dádivas o promesas y valiéndose de las relaciones que tenga con autoridades o servidores públicos, influyera para obtener una resolución que pueda generarle beneficio económico para sí o para un tercero, sea reprimido con prisión de seis meses a tres años y una multa equivalente a 10 salarios unificados.
Delincuencia juvenil.- Se refieren, además, a la inimputabilidad penal de los adolescentes menores de 18 años, lo que está siendo aprovechado por nuevas formas delincuenciales, en perjuicio de los derechos humanos de la ciudadanía. Frente a ello se propone que las personas que no hayan cumplido los 16 años de edad, estén sujetos al Código de la Niñez y Adolescencia.
Enriquecimiento ilícito.- Será sancionado con pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria y restitución del monto obtenido indebidamente; el juez dispondrá la respectiva inscripción de la sentencia en el Registro de la Propiedad del cantón o en el Registro Mercantil.
Usura, minería ilegal.- Quien otorgue créditos con intereses superiores a los legalmente permitidos, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de 100 a 500 remuneraciones básicas unificadas; y, la restitución de todo lo pagado de manera ilegal.
Si una persona instigare a un niño, niña o adolescente para la comisión de un delito, recibirá una pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria, según la gravedad del delito instigado.
La maquinaria y equipos que sean utilizados en actividades ilegales de minería, extracción de madera y explotación de recursos naturales en general o al comercio clandestino de dichos recursos serán objeto de comiso especial y sus autores o propietarios serán sancionados con multa de 500 a 1 000 remuneraciones básicas unificadas y prisión de uno a tres años.
Juegos de azar.- Se propone que sean sancionados con prisión de dos a cuatro años y multa de 100 a 500 remuneraciones básicas unificadas quienes establezcan casas, mesas o centros de juegos de azar, casinos o salas de juego.
En la propuesta se incluye a todos los establecimientos que se dediquen a la práctica, con fines de lucro, de juegos de azar, de mesa y banca en los que se utilicen naipes, dados, ruletas, máquinas tragamonedas y de juegos mecánicos, electromecánicos o electrónicos cualquiera sea su denominación, en los que se admitan apuestas o que permitan al público un tiempo de uso a cambio del posible pago de un premio por la jugada.
Los juegos de azar tendrán un tiempo perentorio de 12 meses para dejar de operar, a partir de la vigencia de la reforma.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado realizó el 22 de octubre, en Cuenca, el Foro sobre los referidos documentos, como parte del proceso de socialización y recepción de aportes.
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