Por el lapso de dos horas seis minutos, el presidente del Consejo de la Judicatura, CJ, Benjamín Cevallos, ejerció su derecho a la defensa ante el Pleno, en el marco del juicio político planteado por el asambleísta Mauro Andino Reinoso, quien lo acuso de incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley.
Cevallos subrayó que no existe una demanda debidamente estructurada, conforme lo dispone el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para proceder al enjuiciamiento político. Aseguró que, aparte de ello, durante la sustanciación del proceso, los vocales del CJ estuvieron en la indefensión, ya que no se les reconocieron las mínimas garantías del debido proceso.
Añadió que en la Comisión de Fiscalización no se hizo un análisis de las pruebas de descargo presentadas, lo cual resta credibilidad y veracidad a cualquier informe o conclusión emitido por esta instancia, lo cual atenta contra la seguridad jurídica y el derecho a la defensa. “Se ha violentado los derechos de protección establecidos en la Constitución de la República y en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, agregó.
Respecto de las inculpaciones en contra del vocal Luis Germán Vásquez, aseguró que ni el Pleno del Consejo de la Judicatura, ni su representante legal, conocieron los hechos de los cuales se acusa al doctor Vásquez, pues nadie ha presentado ni siquiera una queja de las supuestas infracciones cometidas por él, como se desprende de la certificación de la Secretaría del Consejo de la Judicatura.
Al referirse al supuesto tráfico de influencias por aparte del Presidente del CJ, señaló que la Comisión de Fiscalización se fundamenta en una declaración testimonial, correspondiente al veedor público Ángel Gabriel Salvador, persona que mantiene un manifiesto desafecto en contra del Consejo y que, por tanto, debió ser considerado como testigo no idóneo, al igual que se lo hizo con otros comparecientes.
En lo relativo a la falta de sanciones a jueces y demás operadores de justicia por permitir la caducidad de la prisión preventiva, Benjamín Cevallos precisó que existe una serie de comunicaciones de los resultados evaluativos y sancionadores, que han sido notificadas a diferentes instituciones y organismos, cuantas veces se ha requerido al Consejo de la Judicatura, de los cuales se informó a la Comisión de Fiscalización, en el plazo de prueba.
Enfatizó que en el 2010 hubo un total de 483 sanciones, entre ellas, 49 destituciones; 3 remociones; 41 suspensiones; 125 multas; 56 amonestaciones, mientras entre 2006 y 2011 las sanciones suman cuatro mil 111, tras indicar que la destitución solo puede aplicarse, luego de tres suspensiones dentro del período de un año, conforme lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial.
Aclaró que de las 40 mil 64 audiencias fallidas, más del 30% corresponden a la responsabilidad de los fiscales y apenas el 4.9% a jueces. En consecuencia, la responsabilidad de las audiencias de juicio fallidas, en su mayoría, se producen por inasistencia de la Fiscalía y por artificios de los procesados y sus abogados patrocinadores.
“He venido a defender la democracia, la justicia, mi honor y de mi familia”, dijo, al sostener que el Consejo de la Judicatura ha cumplido fiel y legalmente los deberes y atribuciones previstas en la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que no ha descuidado ninguna de sus obligaciones constitucionales y legales.
Por ello, el Pleno de la Asamblea Nacional tiene que abstenerse de censurar y destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura y su presidente, expresó, al solicitar el archivo definitivo de este juicio político.
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